Somos un país que vive de escándalo en escándalo, y lo peor es que la mayoría de éstos devienen de instancias del Estado.

Esta vez ocupan nuestra atención las Oficialías de Estado Civil, que en la práctica cotidiana operan como lucrativos negocios, en torno a los cuales se ha organizado todo un mercado de «buscones».

Estas dependencias de la Junta Central Electoral (JCE) cobran a los ciudadanos por actas que, según la ley 892, deben ser gratuitas.

Más que de los individuos como tales, la certificación de cada nacimiento es competencia e interés del Estado. Es indignante que en las oficialías se especule con algo que por ley le corresponde a cada ciudadano.

-II –

La ley 892, que fue promulgada en 1992, traspasó a la jurisdicción de la JCE las Oficialías del Estado Civil. Dispone que las actas de nacimiento deben ser otorgadas de manera gratuita, pero no se cumple.

En su Artículo 18 ordena que a más tardar 90 días después de su promulgación, la JCE debía tener listo el reglamento de aplicación de esta legislación, pero tampoco se cumplió con eso.

También manda que a los oficiales de Estado Civil se les paguen salarios consignados por el Estado, pero se les ha dejado cobrando inflados «honorarios» que los interesados pagan por cada acta.

Según la ley 892, los tributos derivados de la expedición de actas deberían ingresar a las actas del Estado, pero las cosas no se manejan como manda la ley.

Para colmo de mala práctica, comprensible solo si se la asimila como de índole puramente mercurial, las actas de nacimiento, aunque estén certificadas, caducan a los tres meses (!), aunque ninguna ley dispone tal disparate.

– III –

La JCE ha dicho repetidamente que está trabajando en la automatización de la expedición de las actas, pero hasta donde se sabe esto solo ha funcionado precariamente en tres oficialías.

Por cierto, llama mucho la atención que esta automatización se esté acometiendo antes de cumplir el mandato de la ley en cuanto a la elaboración del reglamento, la fijación de sueldos para los oficiales civiles y otras disposiciones.

Las certificaciones de nacimiento son instrumentos imprescindibles en materia electoral, y todo el mundo sabe el desorden que ha habido en este país con la dominicanización de extranjeros, principalmente haitianos.

Estas certificaciones tienen un componente muy importante en lo que concierne a la seguridad nacional y al control demográfico.

Es desconcertante que los asuntos tan delicados e importantes que competen a las oficialías sean manejados como ventorrillos de vecindario, como mercados en los que se permite la especulación con los derechos de los ciudadanos. Eso tiene que acabar.