Con la aprobación senatorial de cambios al Código Penal en dos lecturas al vapor y a espaldas de legítimas y vigilantes representaciones de la sociedad, pasa a descubrirse que tras la bruma de la rapidez por salir de eso lo que aparece es un proyecto con marcadas características de retroceso; que mientras la atención ciudadana se concentraba en el interés por las tres causales el pleno congresual agregó artículos que anularían mandatos de otro Código: el «Sistema de Protección a los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes» basado en la ley 136-03 y a los de la ley 24-97 que dirige acciones contra la violencia intrafamiliar. Contenidos estremecedores para órganos oficiales y especializados que dan el frente con sus cruzadas a algunas barbaridades de estos tiempos: el Gabinete de Niñez y adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI). Senadores de la República dándoles balazos a los pies del propio Estado. Entes que además, tuvieron oportunidad de llevar sus argumentos de valor científico y sociológico para orientar en estos temas a los hacedores de leyes y no se sabe lo que finalmente hicieron con las recomendaciones.
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Para mayor contradicción con dignas causas sociales lo aprobado que ahora va a la Cámara de Diputados restaría facultades a las autoridades para combatir discriminaciones y permitiría que asesinos de mujeres en potencia sigan en posesión de armas letales entre otras lindezas. A la vista otra vergonzosa incapacidad de llenar vacíos jurídicos razonablemente.