FORT WORTH, Texas, EE.UU. Una batalla pública sobre el destino de una mujer de Texas embarazada y con muerte cerebral y el hijo que llevaba en su vientre concluyó de manera tranquila y privada cuando la desconectaron de los aparatos que la mantenían con vida y su familia se preparaba para el entierro.

El Hospital John Peter Smith en Fort Worth, Texas, obedeció el domingo el fallo de un juez de interrumpir cualquier tratamiento que mantuviera con vida a Marlise Muñoz —quien fue declarada con muerte cerebral en noviembre después que su esposo la encontró inconsciente en su casa— pero dejó los equipos operando para mantener con vida al feto, que tenía 23 semanas. Muños fue desconectada de los aparatos poco después y se permitió que muriera.

La decisión del hospital fue el aparente final de un caso que provocó debates sobre el aborto y las decisiones sobre privar de la vida a una persona, así como si una mujer embarazada que se considera jurídica y médicamente muerta debe mantenerse viva artificialmente a beneficio de un feto, como indican las leyes de Texas.

Activistas contra el aborto asistieron el viernes a la audiencia y defendieron su postura de tratar de que el feto naciera. No está claro si el caso de Muñoz puede llevar a un cambio en las leyes de Texas. En años recientes la Legislatura de Texas ha implementado varias restricciones al aborto, como una directriz jurídica sobre si un feto puede sentir dolor a las 20 semanas, un hito que el feto de Marlise Muñoz superó hace unas tres semanas.

Erick Muñoz, esposo de Marlise, demandó al hospital porque la instalación se negó a retirar los aparatos que la mantenían con vida y dijo que su esposa no hubiera querido estar así. La pareja, ambos paramédicos, estaba familiarizada con la terminación de la vida, y Erick dijo que su esposa la había dicho que no quería que la mantuvieran viva en esas circunstancias.

Pero el hospital rechazó la solicitud, citando una ley de Texas que expresa que no se puede interrumpir el tratamiento para mantener con vida a una paciente embarazada, sin tomar en cuenta su voluntad al respecto. El juez R.H. Wallace dio la razón el viernes a Erick Muñoz e indicó en su orden: “La señora Muñoz está muerta”.

Erick Muñoz encontró a su esposa inconsciente en la vivienda de ambos en Haltom City el 26 de noviembre, probablemente a causa de una trombosis.

Los médicos determinaron poco después que la mujer no tenía actividad cerebral, lo que significa que estaba jurídica y médicamente muerta según la ley, pero la mantuvieron conectada a los aparatos para mantener sus órganos en funcionamiento a beneficio del feto.

Poco después que el hospital anunció su decisión de no impugnar la orden del juez, sus abogados anunciaron que a Marlise Muñoz la habían desconectado de los aparatos, el domingo a eso de las 11:30 de la mañana.

“Que Marlise Muñoz por fin descanse en paz y su familia encuentre la fortaleza para completar la que ha sido un período insoportablemente largo y difícil”, dijeron en un comunicado. Muñoz dijo a The Associated Press este mes que quería ocuparse del cuidado del hijo dela pareja y de los familiares afectados por la tragedia.

Larry Thompson, un fiscal estatal que abogó a favor del hospital en la audiencia del viernes, dijo que el hospital estaba tratando de proteger los derechos del feto, como entendía sobre la base de las leyes del estado.

Los abogados del hospital citaron una parte de las leyes de Texas que expresa: “Una persona no puede retirar o no ofrecer tratamiento para mantener la vida de una paciente embarazada a tenor con este subcapítulo”.

“Hay una vida de por medio y esa vida es el hijo por nacer”, le dijo Thompson al juez. Expertos jurídicos dijeron a la AP que el hospital había interpretado mal la ley de Texas y que no es una orden absoluta para mantener a una mujer embarazada con vida de manera artificial.

El caso ha sido señalado por el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, y los dos principales candidatos a reemplazarlo, pero ninguno ha pedido una nueva ley como resultado del caso.

Por su parte, el procurador general de Texas, el también republicano Greg Abbott, dijo a través de un portavoz que el caso era “una tragedia desgarradora” y que “Texas hace lo posible por proteger tanto la familia como la vida humana y seguirá haciéndolo” La senadora texana Wendy Davis, demócrata por Fort Worth, dijo a través de una portavoz que cualquier decisión de este tipo “debe tomar la familia de la señora Muñoz en consulta con sus médicos.