Descontrol en endeudamiento

Descontrol en endeudamiento

Una muestra del descontrol que tradicionalmente ha habido en el manejo del endeudamiento del sector público está en el hecho de que se aprobó una ley de bonos por RD$5,000 millones para enfrentar una deuda pública interna de RD$8,000 millones y al final, las acreencias que fueron honradas, luego de un proceso de superación, no alcanzaron siquiera los RD$3,000 millones.

Los datos fueron ofrecidos por el economista José Alfredo Guerrero, consultor nacional de crédito público, quien participó en el Encuentro Económico de HOY junto a la directora del Programa de Administración Financiera (APFI), María Felisa Gutiérrez y Raúl Calle, coordinador internacional.

Guerrero se refirió la administración de la Ley 104, sobre bonos, aprobada en 1996 para pagar deudas administrativas. Recordó que se hizo una emisión de bonos de RD$5,000 millones para pagar deudas administrativas hasta el año 1996, lo que, según entiende, dio una experiencia ya que la demanda fue por RD$8,000 millones «y ni siquiera los 5,000 millones llegaron a completarse».

«Esas son partes de las cosas que no se conocen, pero no se conocían porque en realidad no había un registro», dijo Gutiérrez, al intervenir.

Ante la pregunta de si esto quiere decir que anteriormente se cobraban deudas demás, respondió «yo lo que digo es que cuando tu no tienes un registro y cuando las cosas no están transparentes, mediante la cual se pueda cruzar información, cualquier cosa puede pasar».

Explicó que luego de depurar esas deudas quedó como en RD$3000 y que eso significa que se sometieron deudas por encima del monto real, lo que se determinó a través del cruce de información con que se había emitido antes a los acreedores.

Gutiérez dijo también que con el trabajo hecho por el PAFI, ya se tiene el dato del nivel de endeudamiento público en lo que respecta a la parte externa y la interna documentada, mientras que con relación a la flotante, “estamos haciendo el análisis».

Añadió que cuando se refiere a flotante «es a la parte administrativa», la que queda pendiente años tras años luego de la ejecución presupuestaria.

No obstante, no quiso dar el dato específico de en qué monto están esas deudas.

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