POR LOYDA PEÑA
Durante el período legislativo 2002-2006 que concluye el próximo miércoles 16, la Cámara de Diputados fue escenario de cuatro hechos en los que se vieron envueltas las tres fuerzas políticas mayoritarias que convergen en el Congreso Nacional.

El primer enfrentamiento entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y  Reformista Social Cristiano (PRSC) ocurrió en enero del 2002, cuando apenas habían transcurrido cinco meses de los comicios Congresionales y Municipales, y los legisladores perredeísta sometieron un proyecto de reforma Constitucional con el objetivo de restablecer la reelección presidencial, y extender a seis años el período congresional.

Esta Ley de reforma a la Carta Magna fue declarada inconstitucional por algunos sectores de la sociedad civil, un grupo de los cuales la sometió por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien la invalidó antes de que el entonces presidente Hipólito Mejía la promulgara.

Otros temas que incitaron las pugnas entre los partidos políticos ese primer año legislativo en la Cámara Baja, fueron la Reforma Tributaria, una permuta de un millón de metros cuadrados en la zona Oriental de la Capital, donde serían construidas obras de infraestructura para los Juegos Panamericanos del 2003, dos préstamos por un monto de US$38 millones para la construcción del Hospital del Legislador y la rehabilitación del “Hospistal Ramón de Lara”, de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y la reelección de la doctora Rafaela Alburquerque como presidenta de ese hemiciclo. Entre las leyes aprobada por los diputados en ese año caben destacar el Sistema de Seguridad Nacional, la Reforma Policial el Estatuto del Ministerio Público.

En el año 2003, las luchas intrapartidos por el control de la Cámara Baja provocaron un incidente durante el cual fue necesario la intervención de autoridades militares.

Durante la sesión en la que se elegiría al presidente de la Cámara, cargo que se diputaban la doctora Rafaela Alburquerque (PRSC) y Alfredo Pacheco (PRD), el hemiciclo fue dejado a oscuras, en un acto calificado como un “sabotaje”, y se inició un tiroteo que provocó un “corre-corre” de los legisladores presentes y el ocultamiento de muchos debajo de las curules.

En medio de ese caos, provocado supuestamente por funcionarios del PRD y dirigentes del PRSC presentes que respaldaban la reelección de Alburquerque, fue electo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados con el apoyo de una mayoría integrada por perredeístas, reformistas y peledeístas.

En ese segundo año del período legislativo los diputados aprobaron bonos soberanos por un monto de US$600 millones para el pago de deuda externa e interna, la Ley Monetaria y Financiera, y una reforma a la Ley Electoral 275-97, para aumentar a nueve el número de sus miembros, entre otras importantes iniciativas.

Las controversias partidarias arreciaron nueva vez en el 2004, en ocasión del conocimiento de las reformas fiscales, a cuya aprobación se oponían el PRD y el PRSC, bajo el argumento de que las mismas, además de que estaban sobrevaluadas, cargarían con más impuestos a la población.

Luego de varios meses de discrepancias, los diputados y el Gobierno lograron arribar a acuerdos que permitieron la aprobación de estas reformas que eran pre-requisitos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esos acuerdos incluyeron la reintroducción en el Presupuesto de la Nación, de varias Fundaciones regenteadas por diputados que habían sido excluidas.

Durante la legislatura del 2004 los diputados aprobaron además de la reforma fiscal, la Ley mediante la cual se estableció un reajuste salarial de un 30% en el sector público y una reforma a la Ley Electoral 275-97 que iguala la contribución del Estado a los partidos políticos mayoritarios, tanto en los años electorales como en los no electorales, entre otras legislaciones.

La Cámara de Diputados volvió a ser motivo de escándalo otra vez en el 2005 con la condena a 18 meses de prisión del diputado perredeísta por la provincia La Vega, Radhamés Ramos García acusado de tráfico de ciudadanos chinos indocumentados, por la frontera con Haití.

El despojo de la inmunidad parlamentaria de Ramos García para que sea juzgado por la justicia civil enfrentó a los legisladores de los tres grandes partidos, quienes tenían posiciones divididas en torno al caso.

A García Ramos, cuya condena termina el 2 de septiembre próximo (está en libertad condicional bajo fianza y fue reelecto como diputado), tampoco se le sometió a un juicio político por ante el Senado de la República para quitarle la curul que ocupa en la Cámara Baja, porque según declaró Pacheco en la oportunidad, “la Cámara diputados no tiene méritos para eso”.

Al cierre de su última legislatura del período 2002-2006, el 23 de Julio pasado, la Cámara de Diputados provocó una nueva controversia, al convertir en ley, en una caótica sesión de media noche, dos cuestionados proyectos : La isla artificial, y el préstamo de US$132.7 millones para la tecnificación y modernización de la Policía Nacional.

NOTA AL MARGEN

Los diputados Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y Marino Collante, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) declararon ayer, que la actuación de los legisladores en los últimos tiempos, en términos de aprobación de proyectos, es una muestra del proceso de descomposición en que está el sistema político dominicano.

Los dos legisladores, quienes fueron reelectos por cuarta vez, coincidieron en señalar además, la necesidad de acortar el período de transición como forma de evitar este tipo de situaciones que se dan al final de cada período legislativo.

Castillo afirmó que todo cuanto ocurre en el Congreso Nacional obedece a que  los diputados y senadores “no son más que piezas en un tablero donde los jugadores son los grupos de interés, los funcionarios del gobierno, las jefaturas de los partidos y una serie de actores que usan el Congreso como escenario de su acción”.

Agregó que en la etapa final, un congreso que se va, dentro de un sistema clientelista-populista como el nuestro, es capaz de provocar todo tipo “atrocidades” por interés particular, por lo que dijo, es tan peligroso el Congreso cuando termina.

Señaló que en el Congreso se venían haciendo algunos esfuerzos institucionales importantes para lograr una serie de metas, pero que la aprobación de proyectos “escandalosos y controversiales” como el de la isla artificial y el préstamo para la Policía, lo echan todo por la borda.

“Cuando se presentan este tipo de situaciones (aprobación de la isla artificial/préstamos para la Policía, etc.), todo lo que se consigue en términos positivos se pierde, se compromete o se daña por el ambiente desfavorable, adverso, que crean este tipo de situaciones”, subrayó.

Agregó que otro problema es que los legisladores aprueban un reglamento que luego no cumplen, y señaló que en el caso de los proyectos, las normas establecen que estos deben ser entregados a los legisladores 24 horas antes de su conocimiento, lo cual afirmó, no se hace “porque la práctica y la mecánica de la mayoría de los partidos de la partidocracia que impera, es definitivamente desconocer esa regla”.

Collante por su parte, dijo que la reducción del período de transición evitaría el “festival de aprobación de proyectos de poca monta”, y de otros muy importantes que deben ser ponderados con detenimiento.

El legislador reformista por la provincia Santiago dijo ser partidario además, de que se congele la matrícula de diputados, a los fines de tener un mejor control y disciplina de estos.

“Mientras más diputados hay, más difícil se hace la labor de legislar bien, porque muchas veces hay puntos de interés nacional que por indisciplina, se aprueban sin tener conocimiento de los mismos, ya que muchos le ponen la documentación en su curul y ni siquiera la leen, pero luego que se aprueban, entonces las están criticando”, señaló Collante.

Resaltó que si bien la calidad de los actuales legisladores es mayor, debido a que en su inmensa mayoría son profesionales, y de que se han alcanzando algunos logros en la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional en su conjunto, necesita mejorar su imagen con el trabajo que hace.