El cambio en los precios del petróleo, el alto precio de la generación de electricidad, la deficiencia en el cobro y la falta de financiamiento de los organismos multilaterales, trabaron la recuperación de las empresas de electricidad, aseguró ayer el superintendente de Electricidad, Georges Reinoso.

Reinoso afirmó que a esa situación financiera se agrega un déficit de caja de US$20 millones cada mes.

Manifestó que tanto los generadores como las empresas distribuidoras están descapitalizados y en un proceso de quiebra.

«Desde el inicio comenzaron algunos problemas en el mercado, como son la no reestructuración del mercado completo. Diríamos que el 50% de la generación continuó perteneciendo a la CDEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas) con unos precios que están por encima de los precios de mercado y también que las multilaterales no acompañaron financieramente en sus inicios que hubiese sido un empuje extra para poder financiar el desarrollo en el proceso de transmisión», expresó.

Reinoso dijo que el proceso se diseñó con un precio tope de US$21.42 el barril de petróleo, pero que inmediatamente comenzó a funcionar el nuevo sistema eléctrico se dispararon los precios hasta pasar esa barrera.

«Desde el inicio las distribuidoras comenzaron a perder más dinero que lo que se había diseñado en el proceso de capitalización en el 1998 y las distribuidora llegan a un hoyo financiero que no le permite invertir como ellos inicialmente habían programado», expresó.

Otra causa del fracaso, según Reynoso, fue una falta de gerencia frente al cobro a los clientes del sistema de suministro de energía.

«Las primeras fallas comienzan cada seis meses, porque todavía había un colchón financiero y ya las últimas fallas ocurren cada dos meses, producto principalmente de que la caja del sector, que son las distribuidoras, cobran entre 60% y 65%», expresó.

Reinoso manifestó que las consecuencias de ese mal manejo lo está pagando tanto la nación como los inversionistas.

«Así como los generadores están descapitalizados, las empresas distribuidoras si no están en quiebra están al borde de ella, así también los usuarios del país están totalmente descapitalizados, porque los niveles de tarifa todavía no están a los niveles que deben estar», expresó.

[b]LA TARIFA[/b]

Para Reinoso el valor de la tarifa debería estar entre 14 á 15 centavos de dólar por kilovatio hora consumido y que sólo se está facturando es alrededor de 12 centavos.

«Todos estamos perdiendo en estos momentos, por deficiencias de unos y de otros», expresó.

Manifestó que la gran disyuntiva es salir del hoyo y para eso se necesita un esfuerzo conjunto entre el gobierno, los inversionistas y los organismos multilaterales.

«Si no se capitaliza el sector eléctrico no habrá manera de salir de este hoyo», indicó.

Advirtió que las distribuidoras no han podido paliar las perdidas de 35% que tenían al inicio del proceso.

Reinoso explicó que la tarifa no se ajusta a los costos de producción debido a que allí se mezclan los generadores, la transmisión y la distribución de la electricidad.

«Tenemos un parque energético aproximadamente 90% térmico y solamente 10% hidráulico. Países similares, quizás de Centroamérica, ya hoy día tienen tarifas de 13 a 14 centavos de dólar pero tienen 50% de la generación hidroeléctrica», expresó.

[b]RECAPITALIZACIÓN[/b]

Reinoso abogó por una recapitalización, con aportes tanto del Estado como de los inversionistas privados y de los organismos multilaterales.

«Hay que buscar la forma de comenzar a mover todo esto. Cuando los cobros se caen es efectivamente cuando comienzan los apagones», expresó.

Manifestó que uno de los grandes problemas de la capitalización fue que se hizo para cubrir una deficiencia y no para lograr una eficiencia.

«Adicionalmente a eso teníamos un retraso en la ampliación del sistema de distribución de unos seis años y además teníamos una carga de IPP (Productores Privados de Energía) que con los precios que esos IPP tenían cuando los llevamos al mercado existía una diferencia de precios de dos o tres centavos de dólar, entonces todas esas cosas le pusieron un freno a que eso comenzara trabajar», expresó.

Manifestó que nunca se lograron los objetivos del mercado, que radicaban en establecer la competencia, calidad y mejorar el servicio.

[b]UNIÓN FENOSA[/b]

Sobre la recompra de las distribuidoras, consideró que era una decisión necesaria porque había dificultades en la administración de esas empresas.

Manifestó que no sólo en la República Dominicana se ha tomado una decisión tal sino que eso mismo se hizo en California y Argentina, donde se registraron problemas en el mercado eléctrico.

[b]PROBLEMA ELÉCTRICO[/b]

Para Reinoso, las causas principales del problema energético son múltiples, pero la principal es la falta de cobro.

«Una vez se logre estabilizar la cobranza en el sector uno puede comenzar a buscar ajustes», expresó.

Manifestó que a cuatro años y medio de la capitalización las distribuidoras no han podido realizar su trabajo porque tienen niveles de pérdidas muy altos.

Definió como sombrío el problema del sector eléctrico y que el sector está lejos de conseguir niveles de sobrevivencia.

«Estamos hablando de que estamos a seis o siete millones de dólares de lo que es la sobrevivencia», expresó.

Criticó el marco jurídico que acompañó a la capitalización y afirmó que los contratos dejan poco espacio a la negociación.

Manifestó que la decisión de recompra fue una decisión inevitable, porque no se podía hacer una intervención debido a que se necesitaba un proceso que duraría más de dos años, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Manifestó que los técnicos del gobierno consultaron con el BID y recibieron como respuesta que la única empresa que podría ser intervenida era EDE-SUR.

«Y tomar EDE-Norte sin EDESUR era un descalabro financieramente», expresó.

En ese sentido, la doctora Teresa Vidal, encargada de Asuntos Legales, quien acompañó al Superintendente en el Almuerzo, aclaró que la ley establece la facultad de la intervención cuando hay una situación de quiebra, pero que en el caso de EDENORTE y EDESUR había un contrato con el BID que impedía la ejecución.

«El Estado dominicano tenía que esperar que el BID evaluara las circunstancias que presentaran la posibilidad de una intervención, y el BID tenía la facultad primero de hacerla para recuperar su crédito y escoger a la empresa que podría tener las calidades técnicas y financieras para encargarse de esas empresas», explicó.