El Consejo Nacional de Transporte Plan Renove violó varias de sus normas internas, el Reglamento de Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, y el Código Tributario, por lo cual fue posible que adquirieran unidades sindicatos inexistentes, funcionarios del gobierno, que se desconozca el paradero de 210 vehículos y fueran expedidos cheques sin los documentos reglamentarios.

La información está contenida en un informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, y que comprende desde el primero de enero del 2002 al 12 de abril del 2003.

Las irregularidades detectadas incluyen la compra de vehículos a la Hyunday Americas Corporation, empresa que al momento de hacerse la auditoría no tenía Registro Nacional de Contribuyentes. Sin embargo, le vendió al Plan Renove 1,102 unidades por un monto de US$56,499,002.

En cuanto a los funcionarios del gobierno que obtuvieron asignaciones, el documento incluye a Milcíades Guzmán, tesorero del Plan Renove y miembro del sindicato de Terra Bus, quien recibió 40 vehículos valorados en US$1,844,388.00, y Diógenes Castillo, director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), consiguió seis unidades a un costo de US$357,496.00.

Asimismo, Antonio Marte, miembro de Renove y presidente de la Confederación Nacional del Transporte (CONATRA), obtuvo 22 autobuses por un valor de US$1,715,263.00, y Juan Hubieres, cuando pertenecía a la citada entidad, consiguió un autobus a un costo de US$114,000.00.

La Contraloría General de la República recomendó, en el informe, que sean devueltos los 34 vehículos entregados a la Asociación Dominicana de Confederaciones de Taxi (ADOCOTAXI), y a la Unión de Propietarios de Autobuses, porque no están registradas en la Secretaría de Estado de Trabajo.

Pero las irregularidades no terminan ahí, ya que los auditores no pudieron establecer el paradero de 210 vehículos y diez montacargas, ni quiénes son los beneficiarios de los mismos. Sí se determinó que de los 3,511 vehículos entregados por el Plan Renove, 1783 no tienen placas.

El informe especifica que también se violó el propio decreto 949-01 al donar 312 vehículos a asociaciones estudiantiles, religiosas, entidades públicas, privadas y autónomas. Como se hizo a través de la Secretaría de Interior y Policía no hay un control de la documentación de las mismas.

[b]SIN GERENCIA DE PERSONAL[/b]

Mediante la auditoría también se determinó que Fabio Ruiz Rosado, secretario ejecutivo del Plan Renove, es subdirector de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), por cuyas funciones devenga un salario de RD$66,550. Con esa doble designación se viola la disposición que prohíbe que una persona ocupe dos posiciones en la administración pública.

En el informe se destaca la inexistencia de una gerencia de personal, pero tampoco hay controles sobre los activos fijos ni hay un sistema contable para las informaciones financieras.

Igualmente, que los cobros que realizan los dirigentes sindicales, a los choferes afiliados a sus organizaciones, no están endosados con documentación transparente.

Pero además, esos ingresos corresponden a pagos de los primeros minibuses adquiridos por el Plan Renove (llamados garzas); y al saldo de seguros y placas de las últimas adquisiciones.

Por el análisis hecho a los recibos de ingreso se estableció que los volantes de depósitos no se les anexan, ni tienen un orden numérico. En cuanto a los desembolsos, no se aplicó consistentemente el 1.5% de anticipo a las ventas brutas, ni el 10% de descuento por pago de honorarios.

En el período auditado se emitieron cheques por concepto de préstamos personales para la compra de útiles escolares a empleados, por un monto de RD$50,500, de los cuales, al momento de realizarse la investigación no se habían hecho los descuentos correspondientes.

[b]¿QUE ES EL PLAN RENOVE?[/b]

El Plan Renove es una dependencia del Poder Ejecutivo, y fue creado el 20 de septiembre del 2001, mediante el decreto 949-01, con la finalidad de mejorar el transporte público. Su presidente es Siquio Ng de la Rosa, pero antes lo fue Pedro Franco Badía, quien es secretario de Interior y Policía.

Mediante ese plan el Estado dominicano hizo préstamos por un monto de US$158,809,66.24., al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Kexin Bak, Aka Ausfunburkredit, y Toyota Tsuho Corporation.

Con esos recursos se compraron 5,648 unidades a través de Alpha Motors, Magna Motors, Viamar, Ruedas Dominicanas, Autozama, y Hyundai Americas Corporation.

Durante el proceso de entrega de los vehículos hubo críticas de parte de los sindicalistas Juan Hubieres y Ramón Pérez Figuereo, quienes denunciaron parte de las irregularidades que incluye el informe de la Contraloría, principalmente la asignación de unidades a funcionarios del gobierno.