Ha sido una constante de la burocracia criolla, desde la década de los 70 del siglo pasado hasta el día de hoy, que las plantas de tratamiento de aguas  negras, flamantes a la hora de su puesta en operación, colapsan al poco tiempo por el descuido y vandalismo de las autoridades que nunca le dan mantenimiento.

 La costumbre se agudizó al momento en que la administración del Doctor Balaguer, en la década del 70, emprendió  un ambicioso plan de construcciones  de plantas de tratamiento de aguas negras o residuales, que desafortunadamente  al poco tiempo dejaban de operar por falta de mantenimiento  o de los químicos necesarios para convertir esos desechos en un efluente líquido aceptable para verter en los ríos,  cañadas o el mar, sin peligro para la fauna.

 Las autoridades desde entonces no se ocupaban con dedicación a darle mantenimiento a esos sistemas,  ahora mismo es penoso hacer un recorrido por los pueblos con plantas de tratamiento fuera de servicio, algunas por más de 20 años, para darnos cuenta que el vandalismo de las autoridades, y su descuido ancestral, dejan al desamparo a miles de habitantes que están sujetos  a la buena voluntad de Dios para no enfermar.

Pero en San Cristóbal el descuido oficial estalló en la forma de una severa epidemia de cólera por culpa de  agua negras o residuales, que al entrar en contacto con agua potable circulando por las tuberías del acueducto  averiadas, la contaminaron junto  al caso de barrios marginales donde se mezcla la gente en existencia promiscua, sin letrinas, ni agua por  tuberías, situación  provocadora de que los responsables se acusan mutuamente  y nadie quiere admitir la culpa de esa agresión a la  salud de la población.

Junto con la noticia del ataque de cólera, INAPA anuncia un  financiamiento  para reconstruir, mejor dicho construir nuevas plantas de tratamiento, ya que lo que queda es irrecuperable. Son unas cinco plantas incluidas en ese financiamiento negociado hace varios años por unos 155 millones de euros, de manera que  los facilitadores  locales de antaño ya tienen amarrado el mismo, y aparentemente aceptarlo  como hecho cumplido, pasando por encima de la severa ley de Contrataciones de Obras y Compras del Estado.

 Pese a las objeciones, por la forma de cómo se concertó ese financiamiento  si es que se llega a materializar, lo positivo  es que parece hay un interés oficial de enmendar el descuido  ancestral para  hacerle frente a esa situación de las plantas de tratamiento  abandonadas, que ya en Cotuí se anunció el inicio de la reconstrucción  de la existente, que está fuera de servicio desde hace años, y se realizará con una inversión de  45 millones de pesos.

 Me viene a la memoria un Decreto que emitió el doctor Balaguer en 1974, a raíz de un artículo que escribí  en Última Hora, denunciando de cómo flamantes plantas de tratamiento como la de San Juan, Las Matas de Farfán, Higüey y La Vega, de las pocas  de aquella época, estaban fuera de servicio con escasos meses de haber sido inauguradas. En ese Decreto el doctor Balaguer designó una comisión integrada por tres reputados  profesionales de la ingeniera sanitaria como lo fueron  Luis Bonnet, Frank Piñeyro y José  Farías Cabral, para que me refutaran o se adoptaran las medidas de lugar para corregir las deficiencias.

 Ahora, el problema es más grave que hace 40 años, ya que son más plantas  abandonadas y destruidas, y da pena de cómo todas fueron descuidadas, de manera que el agua de desecho corre rauda y veloz hacia los ríos y el mar. Tan solo  la de Santiago en Rafey se salva de ese descuido oficial, por la rigurosidad de cómo se mantiene  y opera, a veces con precariedad,  gracias al empeño y orgullo de los técnicos  santiagueros  que laboran con dedicación  en  CORAASAN.