Santo Domingo, República Dominicana. AP. Según cifras citadas por el Tribunal Constitucional, el registro civil analiza desde 2007 unas 16 mil actas de nacimiento y se ha negado a emitir 40 mil cédulas de identidad a descendientes de extranjeros.

La información le ofrece un despacho de prensa de la agencia de prensa AP, odnde se da cuenta de que Naciones Unidas expresó ayer preocupación por la reciente decisión el gobierno dominicano de iniciar un proceso para anular las actas de nacimiento de miles de hijos de inmigrantes haitianos ilegales nacidos en el país desde 1929.

Se recuerda que ayer en conferencia de prensa, Lorenzo Jiménez, represente de la ONU, dijo que las agencias del organismo multilateral realizarán «un exhaustivo estudio» para determinar si la medida es coherente con los resoluciones y tratados internacionales suscritos por República Dominicana.

Adelantó que en un par de semanas, se presentarán las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio.

«Es un tema que preocupa enormemente» a Naciones Unidas, dijo el diplomático luego de que junto a los representantes de la agencia de la ONU para Refugiados, de la Unicef y del Fondo para las Poblaciones se reuniera con Roberto Rosario, presidente del organismo que administra el registro civil en el país caribeño y que es el encargado de solicitar a los tribunales la anulación de las actas de nacimiento a fin de dialogar sobre ese proceso.

El Tribunal Constitucional dominicano ordenó la semana anterior, luego de que una sentencia fallara un caso individual, que el registro civil haga un inventario de todos los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país desde 1929 y que fueron registrados como dominicanos, con el propósito de pedir ante los tribunales la anulación de su actas de nacimiento.

Luego de la anulación «haremos todo lo posible por otorgarles (a los miles de afectados) una residencia» legal en República Dominicana a través del plan nacional de regulación de extranjeros, indicó Rosario en una rueda de prensa independiente a la conferencia de los representantes de la ONU.

El plan nacional de regulación de extranjeros, previsto en las leyes desde 2004, aún no existe.

La medida, ordenada por el tribunal constitucional del país, afecta a miles de descendientes de extranjeros ilegales, en su gran mayoría inmigrantes haitianos que durante décadas fueron llevados a trabajar en los ingenios azucareros de capital estadounidense en República Dominicana.

Algunos organismos de derechos de los hijos de inmigrantes haitianos califican la medida como un proceso de «desnacionalización» y aseguran que el número de afectados es superior a 200.000 personas.

Según la sentencia del tribunal constitucional, que no es sujeta a apelación alguna, los inmigrantes ilegales que durante décadas llegaron de Haití a trabajar en los ingenios azucareros, en donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron sus familias, no pueden declarar a sus hijos nacidos en el país como dominicanos pues ahora son considerados extranjeros «en tránsito» por un reciente cambio en la Constitución y las leyes del país.

La decisión del tribunal se basa en la constitución promulgada en 2010 puso fin a un largo debate sobre quienes podían acceder a la nacionalidad dominicana al nacer en el país. Desde 1929 la constitución establecía que son dominicanos todos los nacidos en territorio nacional, con excepción de los hijos de los diplomáticos de otras naciones y de los extranjeros «en tránsito».

Las constituciones previas a la carta magna de 2010 tampoco precisaban quiénes eran considerados extranjeros «en tránsito», por lo que durante décadas la mayoría de hijos de inmigrantes ilegales que se establecieron en el país y que tenían sus carnés como trabajadores cañeros fueron registrados como dominicanos.

«La desnacionalización es una franca violación a los acuerdos del sistema interamericano», dijo Genaro Rincón, asesor legal de los grupos de derechos de los descendientes de haitianos por considerar que el gobierno pretende aplicar de forma retroactiva la constitución de 2010 a personas nacidas ocho décadas antes.

Recordó que de forma previa de la sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral ya había retenido las actas de nacimiento de miles de personas por el origen haitiano de sus padres y no les emitía cédulas de identidad, que son indispensables para estudiar, tener trabajo formal, abrir una cuenta bancaria o casarse.