Para que las elecciones generales del 2020 sean limpias, creíbles, libres y democráticas, ahora es el tiempo de amarrar todo lo relativo a esos comicios, para evitar que se repita la desagradable experiencia de que votamos por un candidato y le cuentan los sufragios a otro.
Dos asuntos preocupan a los partidos, pero hay un tercero oculto. El primero es la constitución de las Juntas Municipales electorales, primer peldaño en el conteo de los votos para que se conforme la mayoría requerida para la elección.
Ahí se cuecen habas, habichuelas, garbanzos y todo lo que pueda significar engaño, robo de resultados, envío de números alterados para crear mayorías.
Ahí, ahora, como en ocasiones anteriores, se ha iniciado un proceso que el gobierno ha viciado, a juzgar por la denuncia el presidente del Partido Reformista Social Cristiano y dada la amplia experiencia de los reformistas en el arte de birlibirloque de trasconejar la realidad electoral, le creo a Quique.
No tengo ninguna duda de que estén colocando miembros del PLD como presidentes de Juntas Municipales para “triquiñuelar” y, además, les paguen sueldos de funcionarios, en las nóminas de distintos departamentos, aunque su único trabajo sea cumplir con el dudoso “deber” de servir al partido, como lo han hecho, olvidándose del pueblo.
El segundo es la desatención a la propuesta de ampliar el espectro del derecho a elegir y ser elegido, cuando se demanda revocar cualquier disposición que reconozca la legalidad del voto de arrastre, La Constitución, aunque ellos no la respeten, dice0 que “El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado en el ejercicio de su derecho al sufragio…”
El ciudadano tiene derecho a votar por un candidato a Senador postulado por un partido, por un candidato a Diputado que representa otro partido, porque “Son derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución”.
Ningún poder está por encima de la Constitución de la República. Ninguna Junta Central Electoral tiene facultad para vulnerar el derecho ciudadano de decidir quién o quién lo deben gobernar.
En consecuencia, nadie tiene derecho a decidir por el elector, que no sea el elector mismo.
Independientemente del trabajo de la Junta Central Electoral, corresponde a cada partido político, a cada candidato a Senador, a Diputado, a Alcalde, Regidor y a miembro de organismos locales de gobierno, defender el voto depositado en las urnas.
Ello solo será posible cuando cada candidato se convierta en el defensor de cada voto, en su favor o en el de su partido, para que no le griten: “tin de dos Marín pingüe, cúcara mácara, titare fue”!…