Desde mi último artículo

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LEILA ROLDÁN
Que por qué he dejado pasar tantas semanas desde mi último artículo. Es la misma pregunta dondequiera. Y la respuesta es una para todos: descanso del sabor a naranja amarga de la justicia dominicana.

Porque si a denunciar vamos, que no a repetir el comportamiento borrego de otros comunicadores, no me queda hablar de otra. La justicia dominicana es una de las vergüenzas oficiales que nos aporta la mayor carga de indignación. Si no, veamos cuál de todas las acciones recientes de nuestra Suprema Corte de Justicia resulta peor.

La afirmación del magistrado Jorge Subero Isa, de que sólo los jueces están facultados para hablar sobre la implementación del Código Procesal Penal. Que se callen los abogados, prácticamente ha dicho. A falta de pruebas que acompañen sus afirmaciones, el magistrado Subero simplemente nos manda a callar. Censura previa inconstitucional expresada desde la propia cabeza del Poder Judicial, que pretende coartar el elemental derecho a la libre emisión del pensamiento.

Que cierren las escuelas de Derecho del país. También el magistrado Subero ha “sugerido” (así, entre comillas) que ya no se imparta más la carrera de Derecho en las universidades dominicanas. Aparentemente, las libertades públicas establecidas en la Constitución le tienen sin cuidado. A él y a las autoridades de los altos centros de estudio que han acogido su “propuesta”.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia que consagra para sí misma una facultad reglamentaria, prevista originalmente por la Ley de Registro Inmobiliario, pero que había sido demandada en inconstitucionalidad por ciudadanos racionales. Con esta decisión el más alto tribunal continúa recargando la amplitud de su poder, auto-concediéndose, aún más, atribuciones que desbordan los límites de su función, e invadiendo sin control, de nuevo, otras esferas estatales.

La desigualdad entre jueces dispuesta por la Suprema Corte de Justicia cuando de edad se trata. La Suprema ha repetido su decisión de que, de los jueces ancianos que forman parte de su matrícula, sólo debe retirarse el doctor Pedro Romero Confesor. Ha decidido aplicar la ley a conveniencia, violando el canon constitucional que condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos al distribuir selectivamente la condición de inamovilidad y vitalicidad.

La falta de seguridad jurídica, expresada en esta ocasión por la embajadora de España. Esta falta de seguridad es una condición continúa, como aquel delito permanente que se prolonga en el tiempo sin interrupción. Hoy lo dice la de España; antes ya lo habían asegurado los embajadores de Francia e Italia, con similar reacción iracunda del magistrado presidente de la Suprema. Rabia o no, la situación de aplicación discrecional de las leyes por parte de los tribunales está presente todavía, aunque sólo se atrevan a decirlo esporádicamente los sagaces diplomáticos europeos.

Finalmente y ya sin sorpresa (no por que se terminan sino por espacio), la persistente fiesta mediática, que eleva las voces de sus celebraciones hagiográficas con cada muestra de hartazgo ciudadano por el quehacer judicial. La más pequeña encuesta que afecte la imagen de la justicia dominicana desata desde los medios de comunicación un bombardeo no espontáneo de elogios y exaltaciones, más estridente que la campaña publicitaria de aquel famoso tónico sexual.

Autoritarismo, intolerancia, discriminación, manipulación, medidas emanadas directamente de la cúpula de la estructura judicial, y la delincuencia creciendo refugiada en ese sistema. Fuerte el sabor a naranjas amargas. Entonces no sólo yo; todos nos merecemos un descanso.

leilaroldan@hotmail.com

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