POR GERMAN MARTE
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, advirtió ayer que todos los expedientes que están siendo juzgados con el viejo Código de Procedimiento Criminal y que no hayan concluido de aquí a septiembre, pasarán a ser conocidos con el nuevo Código Procesal Penal.

Expresó que este cambio, que en alguna medida es una sanción, conllevará necesariamente algunas dificultades. «Esperaremos a esa fecha para ver a qué nivel están (los casos pendientes) para entonces proponer, si es necesario, una extensión del plazo».

Significó que la mayor parte de los retrasos en el conocimiento de los expedientes se debe a que el Ministerio Público no hizo la investigación de lugar.

El fiscal del Distrito Nacional ofreció la información al participar como invitado en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.

El funcionario adujo que las dificultades propias de las fiscalías se debían, básicamente, a que a penas encontraron habilitadas unas 30 computadoras, pero señaló que ya adquirieron 200 nuevas PC, para dotar de esa herramienta a cada fiscal y a todo el personal administrativo.

Antes, alegó, el Departamento de Investigación de los documentos falsificados, que tiene tres fiscales y dos secretarios, laboraba en el palacio de la PN con una sola computadora y en condiciones muy precarias y eso dificultaba que se pudieran presentar las acusaciones con la rapidez requerida, y por eso muchas veces los fiscales eran intimados.

Empero, desde el momento en que se dotó a cada fiscal y a sus secretarios con sus respectivas computadoras, se agilizó de tal modo que el trámite de una acusación que antes tardaba hasta un mes, hoy se hace en un día.

Además, a los fiscales se les habilitaron espacios dignos donde desarrollar sus labores, donde pueden incluso realizar los interrogatorios en cubículos habilitados para tales fines.

También se habilitó la denominada «rueda del detenido», donde a través de un cristal la víctima tiene la posibilidad de identificar a los sospechosos sin necesidad de ser visto.

Hernández subrayó que la Fiscalía ha invertido grandes recursos y esfuerzos para que los fiscales puedan trabajar cómodamente y con todos los instrumentos necesarios.

HUBO QUE ADECUAR ESTRUCTURA

El Procurador Fiscal indicó que cuando asumió el cargo en agosto del 2004 encontró que todo el personal del Ministerio Público había sido cancelado por disposición de la Ley del Estatuto del Ministerio Público.

Un mes después, en septiembre del 2004, entraba en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y hubo que iniciar de inmediato la capacitación del personal, y la organización interna de los departamentos, debido a que el nuevo código significaba un cambio radical en la labor del Ministerio Público. Antes, explicó, quien hacía la investigación era el juez de instrucción, pero ahora esa responsabilidad pasó al Ministerio Público. Por eso hubo que adaptar la estructura interna para dar respuesta a la nueva realidad y se creó entonces el Departamento de Investigación Inicial, que actualmente cuenta con ocho fiscales conociendo las medidas de coerción.

Indicó que ya en febrero de este año los fiscales conocieron 229 medidas de coerción, 86 revisiones de medidas, 68 fondos del viejo proceso y habeas corpus y 163 audiencias criminales, eso manifestó- no sucedía antes, «por eso se necesitó adecuar internamente nuestra estructura departamental».

Dijo que el departamento criminal, que recibe los expedientes ventilados a la luz del viejo Código, encontró que había 2,677 expedientes y que por no notificarse el acta de acusación todos los imputados contra los cuales el juez de instrucción había encontrados indicios serios y concordantes, estaban -en su mayoría- en libertad, y sus casos estancados.

Sin embargo, a la fecha ya se han despachado 2,191 expedientes, junto a 1,261 que fueron recibidos posteriormente. Muchos de los imputados en estos casos ya están siendo juzgados en juicios de fondo con el viejo Código de Procedimiento Criminal, explicó el funcionario.

Hernández asistió al encuentro en compañía de Aracelis Peralta, coordinadora del Departamento Contra la Violencia de Género; Rita María Durán, coordinadora del programa Línea Vida; Raquel Mascaró, coordinadora del Departamento de Investigación de abusos sexuales; Carlos Manuel Hernández, de las Fiscalías Barriales, y Onoris Metz, encargada de relaciones públicas.