El modelo de desarrollo que genera la economía dominicana desde hace décadas es incapaz de impactar positivamente en la productividad y en la activación y colocación de empleos formales y de calidad.

Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial indican que la República Dominicana ha crecido de manera sostenida e ininterrumpida en los últimos 25 años. Pero ese crecimiento ha sido inequitativo, falto de calidad e impregnado de iniquidad y eminentemente excluyente, ahondando la brecha entre ricos y pobres y concentrando la riqueza en grupos oligárquicos y monopólicos.

Ese crecimiento económico del que tanto promueve, alardea y publicita el presente gobierno, debería ir de la mano con el desarrollo humano y que fuese acompañado de empleos dignos, decentes, formales y de calidad; servicios públicos vitales como: agua potable, cuidado del medio ambiente, salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad social y seguridad ciudadana. Sin embargo, el alcance de la acción pública en nuestro país es restringida.

Es lamentable y penoso decir que aún con la fanfarria y parafernalia que exhibe el gobierno peledeísta de un astronómico crecimiento económico, que según sus autoridades ha llegado al 7.5% de PIB, aún seguimos siendo un país, donde prevalece el desempleo, empleos informales y empleos precarios y míseros si lo comparamos con el costo real de la canasta familiar.

Según datos oficiales, por supuesto, conservadores, el desempleo neto en el país ronda el 14%; pero según organismos internacionales el 34% de jóvenes entre 18 y 25 años están desempleados y que el desempleo relativo o informal alcanza el 57%.

La remuneración del trabajo también es un escándalo para la gran mayoría de la población empleada, que no garantiza condiciones mínimas de vida, conduce a la pobreza y profundiza la indigencia.

Las cuentas del Banco Central revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, ni siquiera en las grandes empresas para cubrir el costo de la canasta familiar básica, es decir, del más pobre que se calcula en RD$ 13,022.00. Dice también el Banco Central que el mayor salario mínimo es de RD$ 12,873.00, pero el de las medianas empresas es de RD$ 8,850.00 y en las pequeñas empresas de RD$ 7,843.00; en el gobierno el mínimo a penas llega a RD$ 5,117.00, para un promedio nacional del salario mínimo de RD$ 7,500.00.

El economista Pavel Isa Contreras nos expresa que “mientras no haya una reducción significativa del desempleo y un aumento en el gasto social por encima del 10% del PIB, el crecimiento económico que ha venido generando el país en los últimos años no se traducirá en una mejoría de la calidad de vida de los dominicanos.

Todo indica que existe un abismo entre el crecimiento económico y el empleo, ya que los sectores que están creciendo generan poco trabajo y los que asigna son de baja calidad y de baja remuneración.

Con un Estado macrocefálico, parasitario y corrupto dirigido por una élite política sin principios, ética, valores ni escrúpulos, es imposible pedirle una gestión donde el crecimiento económico vaya de la mano con el desarrollo humano y que se manifieste en un bienestar colectivo con empleos reales y se estimule a ciertos sectores económicos para que produzcan esos empleos en áreas como: agricultura, industria fabril y manufacturera, agroindustria, turismo, finanzas, comunicaciones, contabilidad y gestión de recursos humanos y que puedan permitir dinamizar de manera eficiente y proactiva la economía del país.

Es muy elocuente e impresionante sobre esta realidad que analizamos, el dato que nos da la firma encuestadora Barómetro de las Américas, indicando que el 42.1% de los dominicanos tienen serias intenciones de irse del país a vivir o trabajar a otro país en los próximos 3 años; pero entre los que tienen de 18 a 25 años el porcentaje sube a un sorprendente 60.5%, o sea más de la mitad de los jóvenes.

Lo peor de todo esto es que las autoridades gubernamentales en su intolerancia, hartazgo de poder y opulencia, no alcanzan a medir los niveles de riesgo y peligrosidad para la sana convivencia de la nación, el que a estas alturas tengamos problemas tan álgidos sin resolver ni dar solución como: la alta tasa de desempleo, empleo informal; sumándosele los precarios servicios de salud, inseguridad ciudadana, migración descontrolada, déficit habitacional, baja calidad educativa, impunidad y corrupción.