No habría mucha forma de negarle veracidad y fundamento a la crítica que acaba de formular el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) a lo que denominó “explosión” de gastos improductivos que a su juicio han causado las administraciones del Estado que sucedieron a la gestión, en dos etapas casi corridas, del Doctor Joaquín Balaguer en la Presidencia.

Todos los años que siguieron a su mutis del poder han sido utilizados para acentuar un agudo desbalance entre el gasto en sueldos y crecimiento de una burocracia cuestionada por ineficiencias, y las  que debieron haber sido inversiones en obras de valor permanente y beneficios tangibles a lo largo del tiempo.

Las estadísticas registradas históricamente  así lo indican y deberían mover a una seria autocrítica en  los dos partidos que han hecho una severa disminución al  pozo de recursos para realizaciones estructurales de sus gestiones públicas, mientras hicieron crecer la fuente –que se nutre del contribuyente- que han utilizado para engordar el pago de los servicios personales que crean élites de funcionarios y otros beneficiarios de las ejecuciones presupuestales cuyos elevados ingresos contrastan penosamente con la pobreza de las mayorías. Una “cisterna” que en medio de las muchas precariedades del resto de la nación ha permitido que existan organismos o programas que consumen mucho y aportan poco.

No neguemos que en el tiempo anterior a Balaguer se falló en establecer prioridades ni que el desastre financiero de  las “Tres funestas C” (Corde, CEA y CDE) ocurrió casi por completo antes de que los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana llegaran a la cosa pública; ni que la grave crisis  de la educación y de falta de formación de mano de obra calificada que hoy se vive refleja un descuido enorme que les precedió.

No neguemos tampoco que el Estado estaba en la obligación de revaluar sueldos  de la Administración Pública  e invertir en la modernización de sus servicios; pero no había  que llegar a las graves desproporciones entre gastos e inversiones que hoy existen.

Buena actitud

El país, probablemente, tenga que celebrar la flexibilidad del gobierno, tanto a través de su Equipo Económico, como de los entes legislativos en los que el PLD ejerce mayoría, frente a los puntos de vista de los intereses legítimos que han hecho oposición a aspectos de la reforma o rectificación fiscal que se intenta.

En lo inmediato pudo verse que fue declarado “error mecanográfico” un detallito del proyecto en cuestión que hubiera gravado considerablemente  el transporte de mercancías, como si la inflación, a veces motivada por excesos de lucro de los intermediarios, necesitara de mayores motivos  directos para encarecer los productos de primera necesidad o de consumo general.

Además, el Senado acaba de acoger el reclamo por la permanencia de incentivos fiscales a industrias situadas o por instalar en la deprimida zona fronteriza, un régimen favorable al desarrollo que ya ha dado algunos frutos y contra el cual ha existido indudablemente la presión de intereses particulares  que de buenas a primeras pasaron a estar respaldadas por un sector del oficialismo.

Aun cuando algunos criterios que fundamentarían el propósito reformador del gobierno puedan tener asidero, sobre todo en función de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las autoridades no deberían ir  muy en  contra de viento y marea en sus pretensiones.

Descreimientos –cuando no rechazo absoluto  han formado una barrera de opinión pública contra la “mentada” reforma fiscal (como tal vez hubiera dicho ese gigante de la política que se llamó Juan Bosch).

Vale pues formular la aspiración de que lo que logre salir del Congreso gane, por lo menos en el presente proceso, bastante aceptación nacional.