La sociedad dominicana está llena de desequilibrios injustificables, de brechas que no se estrechan por mucho que crezca el PIB.

Un caso típico, ilustrativo y convincente, es el modelo de remuneración con que se privilegia a unos y la tacañería con que se discrimina a otros.

Mover en alza la escala salarial mínima da una brega tremenda y hay que agotar fatigosas agendas de negociaciones.

Mientras ese es el modus operandi en cuanto al obrero, los senadores echan en sus bolsillos incentivos por RD$18.1 millones mensuales.

Es bueno hacer la salvedad de que son ingresos extraordinarios que nada tienen que ver con el sueldo.

Para cada senador hay una asignación mensual de RD$60,000 adicionales al sueldo, para cubrir dietas.

También se paga a cada senador el equivalente a un peso por cada elector de su demarcación y se les permite reajustar su propio sueldo.

Otro ejemplo es el de los jueces de la Junta Central Electoral, a quienes se les devuelve como incentivo el equivalente del Impuesto sobre la Renta deducido de sus sueldos.

Aparte de eso, se les asigna una pensión privilegiada por haber servido cuatro años al Estado. Muchos servidores públicos mueren de vejez, en la peor indigencia, sin pensión o con una bastante miserable.

– II–

Se pueden citar muchos ejemplos más de las inequidades extremas que se dan en nuestro medio, pero lo fundamental es que cambiemos de mentalidad y transformemos en más equilibrada esta sociedad.

Realmente da pena que el dinero del erario sirva para cubrir con un manto de privilegio a unos pocos, mientras se les regatea sus prestaciones sociales y vitales a las mayorías.

Estos privilegios económicos no pueden continuar siendo el patrón que nos rija como Estado. No podemos predicar y pretender la eliminación de brechas tecnológicas, como la digital, mientras descuidamos las brechas existenciales que se fomentan a través de irritantes privilegios.

Por principio, el Estado debe luchar por fomentar la equidad entre sus súbditos, de manera que haya una distribución equitativa de los bienes.

Y es que nuestras inequidades no son solo económicas. También discriminamos a la hora de sancionar a quienes violan la ley.

No es el mismo rasero el que se aplica para el que roba un salami que para el que desfalca un banco. Las penas moralizantes más rudas siempre tienen por blanco los más débiles.

El país, sus gobernantes actuales y futuros, tienen que aprender a jugar a los equilibrios, a concebir una justicia distributiva de mejor talante que esta que privilegia a los menos con las contribuciones que se arrancan a las mayorías.