La población de estos países tercermundistas encuentra cada vez más motivos para culpar de sus calamidades a los políticos y sus organizaciones y para desconfiar de sus postulados. Sobran ejemplos y testimonios que confirman esta tendencia. La República Dominicana no es una excepción y asiste en estos días a un espectáculo de mal gusto durante el cual políticos de al menos dos de los partidos se atribuyen mutuamente la culpa por el pésimo desempeño que ha tenido el sistema eléctrico que cada uno de ellos, en su momento, prometió llevar a condiciones óptimas.

Este intercambio de imputaciones se produce en momentos en que la población soporta la tragedia de pagar la electricidad más cara y menos eficiente.

Es asombroso como estos políticos se culpan mutuamente por malas contrataciones, como la de Cogentrix, o peores concertaciones, como los acuerdos de Madrid.

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Lo grave es que estas recriminaciones recíprocas las hacen sin el menor sonrojo por sus respectivas fallas, por sus inocultables culpas, como si al hacerlo distrajeran la atención de un país que tiene muy encarnada la espina de los apagones y el pésimo servicio de suministro de energía.

En una oportunidad, nuestros políticos nos vendieron la panacea de que los famosos acuerdos de Madrid serían una solución radical a los problemas del desempeño energético. El resultado ha sido negación de lo prometido.

Ahora la oferta de solución es la renegociación de los contratos con los llamados «IPP», y el mayor escarceo se basa en que estos últimos se estarían resistiendo a una revisión.

La gente está hastiada de que cada administración prometa soluciones, pero los problemas continúan vigentes o se agravan, como ha estado ocurriendo con la energía eléctrica.

A este país se le vendió la idea de que la capitalización de las empresas públicas, incluida la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), esfumaría los problemas, pero los hechos desmienten. Estas actitudes, a fuerza de repetirse, son las que desgastan la credibilidad de los políticos y sus organizaciones.

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Minusvalías

Si un plantel escolar –sea público o privado- le niega inscripción a un niño, como ha ocurrido con Roberto Jiménez González,  atendiendo a sus limitaciones físico-motoras y aventurando el prejuicio de que sus compañeritos se mofarían de su estado, pueden todos estar seguros de que la verdadera minusvalía no la padece quien se empeña en aprender, sino las mentalidades de quienes obstaculizan ese esfuerzo.

Menos mal que desde la lejana España, la secretaria de Educación, Alejandrina Germán, se ha tomado el trabajo de torcerle el brazo a quienes así han actuado, y el niño, gracias a esto,  será inscrito.

Los minusválidos de mentalidad no deberían tener cabida en las escuelas.