El duelo embarga a muchos ciudadanos de este medio por dos sucesos geográficamente distantes pero sentidos hondamente en esta sociedad y en países amigos. Compatriotas de paso por México hallaron la muerte accidentalmente, al menos tres de ellos, tras pagar altas sumas de dinero para un temerario viaje hacia el exilio económico a cargo de bandas de traficantes ilegales.

Poco después, y en otro escenario, fue golpeada la actividad aérea privada, ordinariamente segura y en manos profesionales, al precipitarse una nave que aterrizaría de emergencia en el Aeropuerto de las Américas, pereciendo sus nueve ocupantes.

Hechos que causan conmoción, mueven a la solidaridad con las familias atravesadas por la fatalidad y llevan a reclamar el esclarecimiento por separado de los siniestros.

De un lado, sacar del anonimato y someter a la acción judicial a los patrocinadores de excursiones que al margen de la ley y de normas de seguridad transportan viajeros, en condición de meras cargas deshumanizadas, a otros países. Ha pasado más de una vez en este año.

Y de otro lado, indagar lo ocurrido en tierra antes de quedar tronchado fatídicamente un vuelo que apenas comenzaba desde el aeropuerto de La Isabela. Descubrir si el fracaso devino de errores en operaciones o fallas técnicas, con lo que no se consolaría a quienes hoy lloran a sus seres queridos, pero serviría para establecer responsabilidades, si así procede, y arribar a conclusiones para evitar otras tragedias.

Lecciones para la prevención indagando casos en sus contextos

Los organizadores de viajes ilegales han sentido poco el peso de la ley

Los requisitos a aplicar sobre la aviación deben garantizar vidas