No hacen falta mil palabras para decir todo lo que hace falta decir a propósito de la fotografía que acompaña estos comentarios, en la que aparecen juntas la haitiana Minosa Pie y la dominicana Pascuala Ulloa desgranando vainas de guandules, pues son vecinas y se tratan como hermanas –tal y como declararon a los periodistas– en el barrio La Yaguita de Esperanza, donde haitianos y dominicanos conviven ciertamente como hermanos, pues comparten las mismas estrecheces y vicisitudes, las mismas miserias y desesperanzas, unidos por una desgracia común: la maldita pobreza.

Con situaciones y testimonios similares se tropezaron los reporteros de este diario que realizaron un recorrido por varias provincias de la Línea Noroeste, sobre todo por aquellas donde un fiscal denunció la existencia de una «situación explosiva» a causa del disgusto de la población por la gran cantidad de crímenes y delitos cometidos por haitianos, sin encontrar evidencias de esa inminente explosión, a la que también se ha referido –aunque con menos dramatismo– el obispo de la diócesis de Mao-Montecristi, monseñor Tomás Abreu Herrera. ¿Exageran o están mal informados el prelado y el representante del Ministerio Público? Eso es muy fácil de determinar por parte de la Dirección General de Migración, que solo necesita enviar sus inspectores a la zona para enterarse de lo que allí ocurre y por qué ocurre, pero más que nada para que retome la iniciativa en la aplicación de una política migratoria que en estos momentos parece dirigida por alguna supraorganización, de carácter internacional, allende los mares, y no por manos dominicanas que actúan en función de los intereses dominicanos.

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Legalizando ilegalidades

Ha sido práctica consuetudinaria, tanto de la presente como de anteriores administraciones edilicias, incurrir en una especie de pragmatismo impositivo, para llamarlo de alguna manera, que ha hecho que el ayuntamiento del Distrito Nacional, en lugar de obligar a los munícipes a cumplir las leyes que norman la vida de la ciudad y sus habitantes, consienta su violación flagrante a cambio del cobro de un «impuesto» que en la práctica constituye la legalización de una ilegalidad, valga la municipal paradoja. Sucedió con los buhoneros de la Duarte y la Mella, a los que se cobraba un arbitrio por permitirles ocupar un espacio que pertenece a los peatones, pero los ejemplos abundan por todas partes, como el de los choferes del concho que han improvisado sus «paradas» en las intersecciones de varias de nuestras avenidas más importantes.

Simplemente llegaron, tomaron posesión del espacio público en nombre de su sagrada condición de padres de familia, y hoy disfrutan de la indiferencia consentidora de AMET y la autorización –eso dicen los choferes– de un ayuntamiento que con demasiada frecuencia renuncia a su responsabilidad de exigir el cumplimiento de la ley a cambio de un «impuesto» que, mírese como se mire, en modo alguno compensa la pérdida de credibilidad a la que se expone una institución que viola constantemente sus propias normas y disposiciones.

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Voracidad fiscal

El desorbitado aumento de los arbitrios municipales de los cementerios dispuesto por el ayuntamiento del Distrito Nacional va a provocar muchas protestas, sobre todo entre aquellos que sufren en carne propia el abandono y la arrabalización de nuestros principales camposanos, convertidos en guaridas de delincuentes y criminales y pasto del saqueo impune de vándalos que no respetan siquiera la santa paz de los muertos. El carácter retroactivo de esa decisión, que obligaría a pagar a los propietarios de nichos, panteones o mausoleos hasta 20 mil pesos de impuestos para poder enterrar a sus muertos es ya el colmo, pues se pretende penalizar a esos propietarios por la incapacidad del ayuntamiento de cobrar ese arbitrio desde 1994.

Los impuestos, lo sabe todo el mundo, son siempre odiosos, pero más odiosos son si los recursos que se sacan de los bolsillos de los contribuyentes no se les devuelven en servicios de calidad, en este caso manteniendo los cementerios a salvo de los desmanes de la delincuencia, limpios y bien cuidados. Ese no ha sido el caso, desgraciadamente, del cabildo capitaleño y los cementerios bajo su responsabilidad, por lo que ese aumento solo puede calificarse de extemporáneo, abusivo y absolutamente inaceptable.