POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, informó ayer que designó a dos fiscales adjuntos para que investiguen el presunto fraude en la Oficialía Central del Estado Civil y señaló que mueve a preocupación que documentos públicos de esa naturaleza sean alterados con tanta facilidad. El magistrado dijo que instruyó a los fiscales adjuntos Adrilia Vale Dalmasí y González Reyes para que se pongan en contacto con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, para iniciar una investigación.

«Esos magistrados están comisionados por este despacho para contactar al juez presidente de la Junta Central y proceder a tomar todos los datos que permitan identificar a los responsables y beneficiarios de esta anomalía», indicó.

De acuerdo a una información publicada en un matutino, en la oficialía Central del Estado Civil se estaba cometiendo un fraude consistente en la alteración de datos personales para la venta de miles de actas falsas a chinos y cubanos.

El fiscal aseguró que los responsables y beneficiarios del alegado fraude, en el que se cobrarían entre RD$50,000 y RD$60,000 por expedición irregular de actas de nacimientos, serán identificados y el ministerio público determinará las medidas a tomar.      

Explicó que el ministerio público actuará de oficio en el caso, ya que no va a esperar que desde la JCE le remitan el expediente para proceder en consecuencia.

«Podemos actuar de oficio sin necesidad de un apoderamiento, eso es lo que queremos dejarle dicho a la nación dominicana, y esperamos actuar en cualquier caso en que se violen los preceptos legales y en el que el pueblo dominicano resulte perjudicado», señaló.

AÚN NO DECIDE

En otro orden, el fiscal Hernández Peguero declaró que en los próximos días decidirá si procede o no otorgar la fuerza pública para posesionar a un empresario privado en un solar que ocupa la compañía Refrescos Nacionales, ubicada en la avenida Independencia.

«En razón de la voluminosidad del expediente y de los argumentos expuestos por las partes todavía no tenemos una decisión. Esperamos tenerla en los próximos días», dijo.

El fiscal se refirió al tema, tras ser consultado por los periodistas respecto a la litis entre Amador Álvarez y la empresa embotelladora Coca Cola.

La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior de Tierras han dictado sentencias a favor de Álvarez.

La primera decisión favorable fue dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, el 11 de septiembre de 1984. Esta decisión fue confirmada por instancias superiores.

Sin embargo, la fiscalía no ha respondido ninguna de las  solicitudes para ejecutar la sentencia que favorece al demandante.

La sentencia de la Suprema Corte fue dictada el 30 de septiembre de 1998. De acuerdo al demandante, el solar que ocupa Refrescos Nacionales fue adquirido de manera irregular por la empresa que preside Abraham Selman.