En los últimos días se han producido alzas de precios que no parecen tener su justificación en aumentos reales de sus respectivos costos.

Ya se están registrando  aumentos considerables en los precios del pan, los botellones de agua purificada, los útiles escolares y otros artículos y productos de gran demanda.

Una de las consecuencias de la globalización económica y liberalización del comercio ha sido la supresión de los ya endebles controles de precios, que jamás infundieron temor  al comercio especulador.

Los consumidores dominicanos han estado desprotegidos ante los caprichos de sectores comerciales altamente especuladores que no actúan en concordancia con parámetros del mercado, sino en función de sus caprichos.

Sin embargo, la reciente designación de una directora para el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), nombramiento que ha recaído en la señora Carmen Natividad Meléndez Céspedes, parece indicar que habrá cambios en la actitud oficial ante prácticas abusivas del comercio.

 La designación se corresponde con una serie de pasos que tienen como punto de partida la aprobación y promulgación de la ley  358-05, de  Protección a los Derechos del Consumidor, un instrumento jurídico de vital importancia en estos tiempos de apertura comercial porque está destinado a  descentralizar y modernizar la otrora Dirección General de Control de Precios.

La defensa de los derechos del consumidor tiene que ser asumida con todo rigor como parte de las nuevas estrategias destinadas a suprimir las prácticas desleales comunes en el comercio.

La designación de una directora del Proconsumidor es un paso oportuno y que da una buena señal de la intención gubernamental para hacer valer el espíritu y la esencia de la  ley 358-05.

Desprotección por desconocimiento

En el ámbito laboral hay mucha gente que sufre desprotección por el simple hecho de desconocer sus derechos.

De que ello sea así hay que culpar a los sindicatos, que jamás se ocupan de orientar a sus afiliados, y a las autoridades laborales que tampoco se toman ese trabajo.

 Por ejemplo, pocos trabajadores saben de la existencia de un fondo especializado de RD$4,120 millones para cubrir enfermedades, accidentes  y otros percances relacionados con el trabajo o provocados por el desempeño de labores.

Al afirmar que pocos trabajadores conocen su derecho a cobertura de riesgos laborales porque en el país se registran por año un promedio de doscientos mil accidentes de trabajo sin que los perjudicados reclamen las compensaciones que les corresponden.

Desde luego, el poco índice de reclamación tiene su causa principal en la desorientación en que usualmente se mantienen nuestros trabajadores.

Justo sería que se promuevan campañas de orientación para que los trabajadores aprendan a identificar sus deberes y derechos y puedan así tener acceso a compensaciones que les corresponden por ley.

La Secretaría de Trabajo, los sindicatos y el Consejo Nacional de la Seguridad Social deberían trabajar conjuntamente en la elaboración de una amplia campaña de orientación sobre esta materia.

El desconocimiento es una de nuestras principales causas de desprotección.