Designan en Sudáfrica vinculado fraude Agricultura

El ingeniero Antonio Ramírez Medina, a quien el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió a la justicia por su alegada vinculación con un fraude en la compra de cebollas a los agricultores de Vallejuelo, provincia de  San Juan, fue designado como ministro consejero de la embajada dominicana en Sudáfrica.

Su nombramiento está contenido en el decreto 27-09, del 9 de enero de 2009, copia del  cual tiene este diario.

Ramírez Medina ocupaba la dirección regional de la secretaría de Agricultura, con asiento en San Juan de la Maguana cuando esa entidad inició el proceso de compra de 75,000 quintales de habichuelas, por un monto de RD$80 millones, en febrero  y mayo de 2008.

El 10 de mayo pasado,  el fiscal titular de San Juan, Pedro Antonio Mateo Ibert, informó que no había podido ejecutar la orden de arresto en contra de Ramírez Medina porque la Cancillería no le había confirmado el  nombramiento de éste.

La DPCA anunció el sometimiento a la justicia del ex funcionario de Agricultura el día 5 de este mes, y en ese  expediente también implica a Victoriano Mesa, Héctor Morillo y Fernando Ogando, quienes eran empleados de la dependencia, y a los agricultores Rafael Reyes y Hungría Jiménez.

Según  un informe enviado por Agricultura al fiscal de San Juan de la Maguana, el 6 de noviembre de 2008, los pesadores extorsionaban a los agricultores, alteraban el peso de las cebollas, y se solicitaron pagos por encima de los montos reales.

Las claves

1.  Jurisdicción privilegiada

Laura Guerrero  Pelletier, fiscal de la DPCA, dijo que si Ramírez Medina está designado en el cuerpo diplomático tiene jurisdicción privilegiada, por lo que su caso lo debe conocer la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

2.  Incompetencia

 El Juzgado de la Instrucción de San Juan  debe declararse incompetente para que sea la Suprema Corte la que dicte la orden de arresto.

3.  Extradición

La SCJ puede pedirlo en extradición si reside fuera del país.