El ingeniero Antonio Ramírez Medina, a quien el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió a la justicia por su alegada vinculación con un fraude en la compra de cebollas a los agricultores de Vallejuelo, provincia de San Juan, fue designado como ministro consejero de la embajada dominicana en Sudáfrica.
Su nombramiento está contenido en el decreto 27-09, del 9 de enero de 2009, copia del cual tiene este diario.
Ramírez Medina ocupaba la dirección regional de la secretaría de Agricultura, con asiento en San Juan de la Maguana cuando esa entidad inició el proceso de compra de 75,000 quintales de habichuelas, por un monto de RD$80 millones, en febrero y mayo de 2008.
El 10 de mayo pasado, el fiscal titular de San Juan, Pedro Antonio Mateo Ibert, informó que no había podido ejecutar la orden de arresto en contra de Ramírez Medina porque la Cancillería no le había confirmado el nombramiento de éste.
La DPCA anunció el sometimiento a la justicia del ex funcionario de Agricultura el día 5 de este mes, y en ese expediente también implica a Victoriano Mesa, Héctor Morillo y Fernando Ogando, quienes eran empleados de la dependencia, y a los agricultores Rafael Reyes y Hungría Jiménez.
Según un informe enviado por Agricultura al fiscal de San Juan de la Maguana, el 6 de noviembre de 2008, los pesadores extorsionaban a los agricultores, alteraban el peso de las cebollas, y se solicitaron pagos por encima de los montos reales.
Las claves
1. Jurisdicción privilegiada
Laura Guerrero Pelletier, fiscal de la DPCA, dijo que si Ramírez Medina está designado en el cuerpo diplomático tiene jurisdicción privilegiada, por lo que su caso lo debe conocer la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
2. Incompetencia
El Juzgado de la Instrucción de San Juan debe declararse incompetente para que sea la Suprema Corte la que dicte la orden de arresto.
3. Extradición
La SCJ puede pedirlo en extradición si reside fuera del país.