Recuerdo la expresión de un profesor en la cátedra de ciencias políticas en una importante universidad europea que rezaba de la siguiente manera: “ustedes, los políticos latinoamericanos, hablan mucho de distribuir riquezas, pero hacen poco para crearlas”; Sin embargo, lo que hemos experimentado durante los últimos años en nuestra región es un crecimiento sostenido del producto interno bruto en gran parte de los países. A pesar del incremento de riquezas en estas economías, América Latina es la zona que presenta los mayores niveles de desigualdad en la concentración de riquezas, es el escenario de los extremos, con la fortuna de Slim y la miseria del Haití caribeño, donde te encuentras con quienes salen a cenar a Florida y antes de completada su digestión, ya están de regreso al complejo turístico oriental que los separa de aquellos para quienes el hambre ya no es hambre, sino dolor.

Aunque se trata de un problema social de dimensiones globales, naciones como Venezuela lo han estado abordando de manera responsable, pues ha logrado colocar el “coeficiente Gini” (utilizado para evaluar la desigualdad en la distribución de las riquezas) muy por debajo del promedio de la región. Ahora bien, el papel del Estado para eliminar o reducir a su mínima expresión la inequidad en la concentración de las riquezas de nuestros pueblos, debe ser protagónico, vanguardista y tan fuerte que pueda, si es necesario, aplicar políticas de carácter intervencionista que repercuten en beneficio de los más necesitados, de hecho, un elemento común encontrado en las economías que exhiben un buen indicador de reducción de la desigualdad social, es la gran inversión que realizan las agencias públicas en las áreas de asistencia social, proyectos éstos que son eficientes en la medida en que tengan carácter de transitoriedad y a sus destinatarios se les exija a cambio el cumplimiento de un mínimo de requerimientos.

La desigualdad social es una fuerza generadora de frustraciones, asesina de sueños, pero también es una razón más para ser cuidadosos al momento de elegir a quienes han de aplicar las políticas públicas.