La Conferencia del Episcopado Dominicano ha puesto de manifiesto, nuevamente, la preocupación de los obispos por la persistencia de grandes males sociales que impiden que los dominicanos puedan vivir en comunión y comunidad.

Delincuencia, criminalidad, robos, desempleo, precariedad en los servicios, tráfico de drogas, impunidad, corrupción, evasión fiscal y marginalidad forman parte del inventario de males citados en el documento suscrito por los obispos.

Ciertamente, la sociedad dominicana atraviesa una etapa de descomposición y socavamiento de principios y valores que debe motivarnos a revisar la forma en que cada uno ha estado desempeñando el papel que le corresponde.

El acceso a las oportunidades, o la falta de las mismas, en ocasiones lo determinan las inclinaciones políticas, y no los derechos inherentes a la condición humana, la preparación o el mandato de la ley. El caso de los cargos y empleos en la administración pública es un ejemplo típico de ello.

Con exagerada frecuencia se detectan bolsones de delincuencia donde debe predominar la autoridad. Ese es el caso de quienes macutean en las aduanas o de quienes, pisoteando la propia autoridad, se hacen protagonistas de actos criminosos que deberían combatir.

Los servicios públicos, en sentido general, desmejoran o son desmejorados en función de los intereses de grupos. Por ejemplo, unas veces se descuida el Estado con los hospitales públicos, y otras veces los descuidan los médicos y paramédicos para presionar sus demandas económicas.

-II-

En ese mismo contexto, no se explica cómo tolera y avala el Estado el hecho de que los mercaderes de la electricidad castiguen colectivamente a los usuarios del servicio cuando unos pocos dejan de cumplir sus obligaciones contractuales. Los apagones financieros, sin duda, riñen contra la moral y tienen un componente de ilegalidad, pero son permitidos por la autoridad.

La preocupación de los obispos es más que comprensible y debería movernos a reflexionar.

Por ejemplo se predica sobre que haya una debida protección de la niñez, pero en las esquinas en que hay semáforos abundan los «palomitos» que se la juegan limpiando parabrisas por dinero ante las narices de autoridades de todo tipo.

La escolaridad les está vedada y nadie se preocupa por hacer que los padres cumplan con estos menores un mínimo de responsabilidades.

La descomposición social, a la cual los políticos han hecho grandiosos aportes, lleva a discriminar el delito en función de quien lo comete y la publicidad que concite. Un acto de lesbianismo en público, ciertamente repugnante, provoca más alharaca que la persistencia de precios injustificadamente altos en renglones de consumo obligado, como alimentos y medicinas, o pasajes en carros movidos con gas licuado de petróleo subsidiado por el Estado.

La verdadera justicia social tiene su zapata en la equidad, condición que bajo ninguna circunstancia se da en la República Dominicana. De ahí que los obispos, con la autoridad que les caracteriza, manifiesten estas preocupaciones, que debemos hacer nuestras como reflexión con sincera aspiración correctiva.