[b]Señor director[/b]

La postura asumida por la comunidad internacional ante el presunto derrocamiento del Presidente Jean-Bertrand Aristide en el vecino país, respaldado a último minuto, según él, por Estados Unidos y Francia, envía una señal equivocada y hasta cierto punto muy peligrosa al resto de la región, dada la connotación y el significado de la misma.

Si repasamos brevemente los hechos más trascendentales, veremos que el desenlace de lo acaecido en Haití y la respuesta de las grandes potencias al respecto constituye un aliciente para que cualquier grupo radical de oposición, milicia o guerrilla de cualquiera de nuestros países, que no esté de acuerdo con un gobierno de turno, trate de emular lo sucedido en la hermana nación y crea que se saldrá con la suya, como decimos popularmente.

Primero, para nadie es un secreto que los rebeldes haitianos encontraron en este lado de la frontera, cuando menos, algún tipo de apoyo logístico para prepararse y llevar a cabo la acción armada, por lo que la responsabilidad del Estado dominicano quedó comprometida con una causa ilegal y antidemocrática.

Segundo, la Organización de Estados Americanos no debió ignorar las llamadas de auxilio que le hiciera, días antes de su salida del poder, el hoy ex presidente Aristide, independientemente de lo nefasto que haya sido su régimen. El antojadizo sentimiento de olvido que se tiene hacia Haití y su deprimente situación pudo más que la famosa Carta Democrática de la OEA que establece, entre otras cosas, la preservación de la institucionalidad democrática y del orden constitucional de sus Estados Miembros. Asimismo, el Primer Ministro interino, designado posteriormente a los trágicos eventos ocurridos, Gerard Latourte -único haitiano que ha alcanzado uno de los rangos administrativos más altos en la ONU- jamás debió recibir a los rebeldes como héroes ni tildarlos como tales.

Tercero, la comunidad internacional no debe, bajo ningún concepto, continuar haciendo caso omiso a las denuncias que hace Aristide en el sentido de que fue virtualmente secuestrado y sacado del país, a pesar de la carta de renuncia que se dice rubricó antes de su partida y que fuera publicada por diversos medios de comunicación.

La primera consecuencia de los desaciertos de la comunidad internacional frente a lo ocurrido ya se ha hecho sentir. El CARICOM no reconoce al nuevo gobierno de Haití hasta tanto no se realice una investigación independiente que determine si el ex presidente Aristide renunció o fue obligado a ello. Ahora bien, qué tan independiente puede ser una investigación dirigida, real o simuladamente, por las mismas potencias a las que se les acusa de participar en el complot.

Esta posición del CARICOM a su vez implica un enfriamiento en las relaciones bi y multilaterales de este importante bloque económico con los países que sí han reconocido al nuevo gobierno del Presidente de la Suprema Corte ascendido a Jefe de Estado, Boniface Alexandre.

Por otro lado, todos los aportes regionales que por años se habían logrado para la promoción y consolidación de la democracia en el hemisferio se han tirado por la borda, incluyendo la citada Carta Democrática de la OEA.

De lo anterior se deduce que ningún gobernante, elegido democráticamente, estará exento de vivir lo que le tocó a Aristide, no porque los gobiernos pierdan su popularidad y el pueblo en algún momento decida que deben cambiarlo por la vía democrática u otra menos convencional o inaceptada, sino porque la comunidad internacional y en este caso particular la OEA, ha puesto de manifiesto que es posible derrocar a un gobierno impopular sin temor a ningún tipo de sanción por parte de los organismos que la componen.

El resto de los mandatarios de América Latina, deberían reflexionar sobre esto y exigir que se realice una investigación objetiva y se tomen los correctivos de lugar, pues como dice un viejo adagio “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ponga las suyas a remojar”.

Sin embargo, no todo está perdido. Consideramos que la OEA está a tiempo de enmendar su error y dar fiel cumplimiento a lo estipulado en la Carta Democrática, pues hubo una interrupción del proceso democrático. Y de su lado, la ONU, también debe pronunciarse sobre esta delicada situación que, lamentablemente, pone una vez más en entredicho la entereza, la efectividad y la credibilidad de la comunidad internacional.

Atantamente,

José Dantés Díaz