Julio Gómez 
Las Mercedes, Pedernales – La ambición que ha desatado las Tierras Raras en esta frontera ha provocado una casería de brujas, al punto que más de diez fincas agrícolas fueron desmanteladas, sus dueños golpeados y arrastrados por el suelo, celulares rotos, garrafones, viviendas destruidas, ganado vacuno, caprino y ovino, a la intemperie.
La acción contra trabajadores del surco y criadores de reses, chivos y ovejas, demuestra el poco respeto que merecen hombres y mujeres del campo, cuando el poder avasalla a la clase humilde y trabajadora, quitándole 70 años de sueños trabajados.
Así se expresan quienes recibieron golpes, maltrato, sus celulares destruidos, corrales, casas, cercas y sus animales sueltos en la sabana por un grupo de militares que solo decían: «Es una orden del presidente Luis Abinader».
«Cállese», le gritó un coronel comandante de las tropas del SENPA al criador de reses, chivos y viejos, Martín Feliz, al reclamar que les mostraran la orden judicial para esas intervenciones.
Una hija de la señora Isabel Feliz, quien acompañaba a su madre, recibió un empujón que la hizo rodar por el suelo, en momentos en que fue sorprendida tomando un celular para grabar lo que consideraron un abuso del poder.
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En los últimos días se ha desatado una casería de brujas tras las investigaciones, análisis y búsqueda del componente de Tierras Raras, las cuales tienen mayor concentración de esos minerales en la zona intervenida de Las Mercedes.
El propietario Mauricio Cuevas, de uno de los predios donde un equipo amarillo (pala mecánica) destruyó sus casas, la verja de malla y puerta de hierro, fue detenido porque reclamó la orden judicial para esa intervención.
Entre tanto, todo este asunto se produce luego de la identificación de las Tierras Raras.
Los propietarios de predios alegan que con ellos hay que hablar y que el gobierno debe ser el mayor interesado al respecto.
Prohiben entrada a la zona al fiscal
El procurador fiscalizador Alexander Pérez intentó conocer cuáles eran las acciones que se estaban acometiendo, pero le fue impedido el paso por un contingente militar que alegaba e insistía que la acción había sido emanada por orden presidencial.
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Según los propietarios de predios, el gobierno pretende desalojarlos sin compensación alguna. Quienes reclaman justicia frente al tema, expresan que ahí vieron a sus hijos nacer y crecer hace setenta, sesenta y cuarenta años.
Algunas familias están dispuestas a negociar con el gobierno; más sin embargo, sostienen: «Primero muertos antes de perder sus derechos».
