De la agencia oficial de prensa del Gobierno emanó, por iniciativa propia, sin que nadie indagara, una  declaración del Presidente Fernández desde Europa conteniendo dos elementos: (1) Que ha recibido solicitudes de desmilitarización de la frontera al mismo tiempo que (2) debate y apoya la extensión por 10 años de la fuerza internacional que desmilitarizó Haití ( MINUSTAH).

La ponderación simultánea de estas dos informaciones no deja dudas que existe un propósito deliberado en marcha, no solo una idea concebida, urdido por potencias extranjeras, conducente a someter ambas repúblicas  a  un solo régimen.

Pero ante la degradación social y descomposición institucional que vivimos, precursoras de toda desintegración; nos encontraremos en desventaja comparativa frente a Haití donde prima el ideal consagrado en su tradición y constitución de isla “única e indivisible” respaldado por potencias extranjeras interesadas en descargarse del problema haitiano.

Mientras Haití se victimiza en foros internacionales apuntando hacia dominicana, con la que se torna agresivo en las relaciones bilaterales; los dominicanos seguimos a la defensiva, sumiéndonos  en degradaciones y descomposiciones desintegradoras. 

La inseguridad ciudadana nos domina ante autoridades que lucen incapaces o negligentes para enfrentarla.

La  delincuencia que la provoca o acentúa es alentada por políticas públicas estimuladoras de ocio, dependencia y desempleo, endosada por políticas internacionales que contribuyen a su financiamiento; y por naciones destinatarias de drogas que viven repatriando nacionales que han cometido delitos y regresan  con dificultades de reinserción.

Nos desenvolvemos dentro la doble moral de pasar por alto que el narcotráfico provee subsistencia a barrios y financia la macroeconomía con diversas formas de lavado, que se honran registrándolo como errores y omisiones en la balanza de pagos, estabilizando la economía pero desestabilizando la sociedad;  ante elogios de instancias internacionales que supuestamente lo combaten.

La infiltración de fuerzas que controlan el tráfico ilegal de armas, sustancias y dinero en los estamentos militares y administrativos llamados a combatirla es evidente, minando el principio de autoridad hasta resultar incapaces de establecer orden o control alguno; cuya máxima expresión física la encontramos en  asentamientos humanos y en el tránsito.

Las fuerzas de dominio económico solo parecen aprovechar ésta situación y  preocuparse por sus beneficios a corto plazo mientras administradores públicos suspenden el funcionamiento de las institucionales que administran ante cualquier pretexto personal.  

Ante este cuadro, la desmilitarización fronteriza y la extensión de MINUSTAH solo puede conducir a la extinción de la dominicanidad; a menos que los poderes de la nación, institucionalizados o fácticos,  se planteen el cuestionamiento profundo de lo que hasta ahora ha dado los resultados precedentemente dibujados.