El Decretos No. 17-13 que crea la Comisión Presidencial del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad y el Decreto No. 18-13   que  crea la Comisión para el Manejo de Desastres Naturales, se suman a más de 12 decretos normativos y varias resoluciones, comunicados, memorándum, etc,  sobre la Gestión de Riesgos del país, esto da a entender que  históricamente, la lógica de la gestión Estatal funciona a partir del olvido y no de la acumulación de experiencias anteriores, que muy bien pueden constituir un aprendizajes acumulados en el manejo de las emergencias, políticas de gestión de riesgos y recuperación posdesastres.

Todos estos instrumentos normativos, muestran una falta de planificación estratégica y operativa como guía  del Estado para la  gestión de riesgos y recuperaciónposdesastres y hacen que las   instituciones creadas al margen de la ya incorporada en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, actúen disfuncionalmente, en forma desorientada y fragmentada, porque obedecen a cuestiones coyunturales y crean confusiones de interpretación  y competencias institucionales entre las instituciones del CNPMR, además,  obstruyen el   proceso de desarrollo y los programas en gestión de riesgos que se viene llevando a cabo desde la Comisión Nacional de Emergencias, Centro de Operaciones de Emergencias, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), otras instancias públicas, autónomas y descentralizadas, las ONGs internacionales y locales que trabajan en el tema, los organismos internacional de cooperación, las instituciones bi-multilaterales y las diferentes organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.

Asimismo, esto pone en evidencia la centralización en la política de gestión de riesgos, en mano del Poder Ejecutivo, perdiendo de vista el proceso de descentralización, el carácter abierto y operativo integrado por los actores públicos y privados que intervienen en esta problemática, afectando la subjetividad de los actores involucrados en la gestión de riesgos con las consiguientes pérdidas de credibilidad y de reputación en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo

Lo recomendable en estos casos es que cada institución pública o privada interesada se vincule junto a las demás instituciones que conforman el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (Ley 147-02, Art.9), sobre todos, porque esta ley se ha caracterizado por un diseño dinámico, participativo y funcional, que involucra a todos los actores  para asumir la gestión de riesgos en forma conjunta, garantizar la transparencia y evitar privilegiar a sectores y actores de forma particular.

La creación,  existencia y coherencia de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgo, justamente ha resuelto esa dispersión, porque ha ajustado nuestra legislación a los avances conceptuales, prácticos y operativos en la gestión de riesgos (prevención, mitigación, preparación, respuestas, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, etc). Esto reduce la posibilidad de interpretación o duda respecto a este instrumento normativo. De manera pues, que están ampliamente definidas las funciones del SNPMR.

Que debemos mejorar:
1.        Impulsar una fase más proactiva para la revisión y actualización de la Ley 147-02.

2.       Transparencia en el Fondo de Contingencia que está establecido en la Ley 147-02 y que se nutre del presupuesto de ingresos corrientes del Estado, actualmente no refleja monto disponible, claridad y garantía para su aplicación.

3.       Integrar la Gestión de Riesgos en los proyectos de inversión pública y ordenamiento territorial

4.      inventario oficial de informaciones estandarizadas y actualizadas sobre los estudios y mapas que existen en el país sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos y  que estén disponible en un portal de internet, para que el público tenga acceso a esos instrumentos de informaciones. Actualmente estas informaciones se encuentran secuestradas, desagregadas y fragmentadas en algunas instituciones públicas y privadas

5.       Mayor divulgación y comprensión para trabajar el tema de la Recuperación Post desastres como parte de la política social del Estado Dominicano.

6.      Mejorar la coordinación entre los distintos actores las acciones de la ayuda humanitaria, la gestión de riesgo y el proceso de recuperación

7.       Priorizar y debatir el anteproyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial en proceso

8.      Integrar de manera conjunta el sector privado productivo, los medios de comunicación, las organizaciones comunitarias, universidades,  escuelas y sociedad civil al sistema nacional de gestión de riesgo, a fin de recibir el acompañamiento y compartir los recursos para una mayor acción e intervención colectiva

9.      Crear medios, instrumentos que vinculen la gestión de riesgos con fuentes internas y externas de cooperación

10.    Vincular la acción Municipal a la recuperación posdesastres

11.     Seguir permeando la mentalidad en las instituciones, a fin de enfrentar los desafíos en mejores condiciones

12.    Crear las instancias de gestión de riesgos en las instituciones que aún no se han constituidos

13.    Mejorar los salarios y fortalecer aún más las capacidades de los técnicos que laboran en la Comisión Nacional de Emergencias, Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil.

Estas inquietudes tiene como propósito rescatar una preocupación que de seguro ustedes valoran, de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se desarrolle y ejecute sin las dificultades y obstrucciones, no solo de carácter normativo, técnico-operativo,  sino de otra naturaleza, que pueda afectar la subjetividad de los actores involucrados.