República Dominicana, con acta de nacimiento el 27-2-1844, cuando nuestros patriotas libraron hasta 1856 un total de 28 batallas para librarnos de la dominación de Haití, hoy sin disparar un solo tiro, hay más de un millón de haitianos ilegales residiendo en nuestro territorio, un eclipse peligroso y mortal a nuestra soberanía.

Hay un proceso cómplice de desnacionalización en que es preciso señalar a los responsables primero, a los empresarios agropecuarios, industriales e inmobiliarios que usan mano de obra barata haitiana para reducir sus costos de operación y abultar sus beneficios.

Esos son los principales responsables del eclipse de la soberanía nacional, a cambio de exportar más de US$l,000 millones al año a Haití.

En segundo término los presidentes Leonel Fernández, que demoró ocho años para promulgar el reglamento que posibilita aplicar la ley 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía un día antes del traspaso del poder el 16-08-2004, y el presidente Danilo Medina que ha proseguido el mismo método de laissez faire alusivo a la política migratoria, por los imperativos económicos descritos.

El tercer responsable de la desnacionalización son los militares asignados a prestar servicios en la imaginaria, acomodaticia e inexistente frontera de 391 kilómetros, que en vez de resguardar aprovechan sus funciones para menesteres personales, que en la Era de Trujillo un traslado a la frontera era un castigo, y ahora un premio y posición disputada.

La reflexión, a propósito de cumplirse el 23 de este mes un año del Tribunal Constitucional dictar la sentencia 168-13 que por primera vez en forma responsable y estatutaria, diseña la política migratoria del Estado dominicano con el propósito de organizarla, e intentar restaurar la epopeya independentista en que libramos 28 episodios bélicos que anulan hoy complaciente la invasión pacífica haitiana.