SERGIO SARITA VALDEZ
En una de las charlas radiales populares que con dominio magistral solía deleitarnos el fenecido profesor Juan Bosch recuerdo una en donde él daba a entender que no decía que la mula era prieta a menos que ya tuviera los pelos guardados en la mano. En otras palabras, que nunca hablaba sin tener en su poder las pruebas de lo que aseguraba. Esa manera de actuar se nos grabó en la mente de una forma tan firme que desde entonces cada vez que hacemos una aseveración o nos referirnos a un tema nos aseguramos de contar con las evidencias que nos permitan sostener el punto de vista en cuestión.

Para nuestro senador por Santiago, ahora enganchado a científico forense, resultó ser una ofensa y falta de respeto a su persona el que nosotros dijéramos que tal y como está concebido el anteproyecto que crea el Instituto de Ciencias Forenses una autopsia podría llegar a costar unos cincuenta mil pesos. Ahora mirando con el retroscopio me parece que quedé corto en la apreciación. De inmediato paso a explicar el por qué pensamos haber subestimado el costo futuro de una necropsia médico legal.

De acuerdo a la ley 136 que regula la práctica de la autopsia médico legal en la República Dominicana, la misma «ha de tener por finalidad esencial la determinación de la causa de la muerte, de los estados patológicos preexistentes, de la forma medicolegal del hecho y del momento en que éste se produjo». Sin embargo, resulta que de acuerdo a principios convenidos y establecidos internacionalmente el primer objetivo de una autopsia medicolegal consiste en la identificación de él o la occisa.

Viene a suceder que en el año 2005, siendo Procurador General de la República el actual senador por la provincia de Santiago, en la común cabecera, es decir, la ciudad que lleva el mismo nombre y más específicamente en el hospital de niños Dr. Arturo Grullón, la directora de dicho establecimiento de salud, doctora Yadira Pérez Pieter, solicitó un experticio al cadáver de un niño de la señora Yenny Vargas. La institución regional de Ciencias Forenses que organizó y apadrina nuestro flamante senador ahora enganchado a perito forense se comprometió a realizar el experticio requiriendo de inicio el pago un mil doscientos dólares, conjuntamente con otros mil doscientos pesos en efectivo, para llevar a cabo la identificación del fenecido.

La familia aportó treinta y cinco mil setecientos sesenta pesos para la compra de los dólares a una tasa del 29% cifra que se sumó a los mil doscientos pesos para un total de desembolso familiar de treinta y seis mil novecientos sesenta pesos.

Lo peor de todo esto es que todavía al día catorce de marzo de 2007 la madre ignoraba si el cadáver del niño que le fue entregado corresponde o no al de su hijo. Ahora ni los resultados de la prueba de ADN ni el dinero aparecen. En reiteradas ocasiones y mediante comunicación escrita la señora directora del referido hospital se ha dirigido al fiscal de Santiago, sin que obtenga una respuesta satisfactoria al caso en cuestión.

Equivocadamente pensando que quien escribe era el Jefe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la amiga colega y directora del mencionado centro de salud nos envió el 14 de marzo de 2007 un juego completo del expediente en el que figuran copias fotostáticas de los cheques entregados a los cachanchanes del senador santiaguense.

Ojalá que nuestro activo senador se interese por indagar el destino final del dinero aportado por esta enlutada familia y compruebe con sus propios ojos si en su ya ensayado proyecto privatizador se ha cobrado o no algún dinero. Dicen que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, ni peor ciego que aquel que no desea ver.

Insistimos en que en el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) sometido al Congreso de la República por el senador por Santiago, Francisco Domínguez Brito, no aparece escrito en ninguno de sus párrafos, oraciones y frases la expresión Autopsia gratis. En cambio, sí aparece uno, que es el artículo seis sobre las atribuciones del Consejo directivo, que dice: «Aprobar la solicitud del Director del Instituto en relación con el anteproyecto de gastos anual del Instituto, así como cualquier solicitud adicional de los fondos que surjan del Instituto».

Dijimos que este artículo iba a resultar picante, lo que no anticipamos era que el mismo resultaría mortificante para quienes en algunos escenarios alardean de abanderados soldados de la guerra en contra de la corrupción. Y es que como se dice en el argot popular «del dicho al hecho hay un tremendo trecho».

En otra entrega prometemos completar el desuelle del becerro forense.