SERGIO SARITA VALDEZ
Decía el profesor Juan Bosch que la vaca se desollaba en el mismo sitio en que se le daba muerte. Probablemente don Juan debía haber estado refiriéndose al ganado cimarrón que los lanceros salían a cazar y en el que tiempo atrás fue más valiosa la cobija del animal que su carne. Por supuesto que no es a ese tipo de res a la que me he de referir sino al origen de la inoportuna idea de inventar un instituto de ciencias forenses en la República Dominicana.

No se trata de que la idea en si sea mala, el problema real es el momento en que tal proyecto se plantea. Como demostraremos más delante la iniciativa pone delante a la carreta sin que todavía contemos con los bueyes. Es decir no existen los recursos humanos indispensables, el elemento más valioso el cual no se crea de la noche a la mañana sino que tarda gran tiempo en formarse. Veamos cuándo, dónde y para qué se elaboró originalmente ese documento.

El día 16 de julio de 1998 el doctor Robert Tejada Tió redactó en la ciudad de Santiago de los Caballeros un anteproyecto de ley que creaba del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual sometió a la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Entre las motivaciones enunciadas a favor de dicha iniciativa hay una que dice: «Consideramos, que al igual que en la mayoría de lo países desarrollados, la independencia del ejercicio de las Ciencias Forenses, se logra de manera efectiva cuando ésta es una unidad integral de la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, en el anteproyecto de ley que actualmente estamos elaborando planteamos la necesidad de esa integración».

Y sigue el argumento: «Con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tal como se concibe en el Anteproyecto de Ley, se sentarían las bases para llenar la deficiencia actual de la Justicia dominicana en cuanto a su carencia de un sistema Médico Legal adecuado a los avances científicos de esta especialidad y que se requiere de un personal académicamente entrenado, suficiente para dar respuestas a las necesidades del país».

Más claro de ahí no canta un gallo. El mismo autor del trabajo admite la ausencia de ese personal y sabe del estado de desarrollo presente de la medicina legal en el territorio dominicano.

Esa etapa ya la quemaron esos pocos países avanzados a los que alude Robert Tejada. Que sepamos en la América Latina solamente Costa Rica cuenta con una entidad de la que plantea la iniciativa de ley. Ni siquiera Colombia y Argentina que pueden dictarnos cátedra en materia médico forense se han planteado este tipo de instrumento. Insistimos en la necesidad de llenar las lagunas y deficiencias médicolegales básicas que tristemente adornan la realidad dominicana.  Eso de querer volar sin patas es un error que se paga caro. Hasta los aviones con sus enormes alas necesitan de ruedas en donde asentarse durante el aterrizaje. Todavía no conozco un ave sin patas. Por eso consideramos descabellada la idea de inventar una supraestructura cuando aún no hemos ni siquiera de manera mínima llenado los requerimientos más perentorios del quehacer forense criollo.

En el año 2002 las autoridades perredeístas forenses gobernantes retomaron el proyecto de Tejada Tió modificando el nombre llamándole entonces Instituto de Ciencias Forenses de la República Dominicana. En el articulo tres decía el retocado oficio:»El Instituto de Ciencias Forenses de la República Dominicana será una entidad rectora, autónoma y, a esos fines, pasarán de inmediato a depender de ese organismo el personal, equipo y facilidades, tanto del laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional como las oficinas de los médico legistas a nivel nacional y el  Instituto Nacional de Patología Forense con sus dependencias».

El artículo cinco del proyecto modificado le daba atribuciones especiales al director del Instituto como esta filigrana: «Aceptar recibir cualesquiera donaciones o cualquier otro tipo de ayuda en dinero, bienes o servicios que provengan de personas o instituciones particulares».

A solamente un año de haberse juramentado en el cargo de Procurador General de la República el hoy senador por la provincia de Santiago creó por reglamentación interna el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Logró el nuevo legislador convertido en experto forense aprobar en dos lecturas en el Senado de República la ley que crea el INACIF la cual en su artículo uno reza: «Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana, como un órgano técnico funcionalmente independiente, con la misión principal de brindar los auxilios científicos y técnicos a los órganos de investigación y a los tribunales de la República y en las condiciones que establezca la correspondiente Ley, así como a otros órganos públicos y privados y a los particulares de conformidad con la reglamentación interna».

En el artículo nueve de la susodicha ley está presente el siguiente párrafo que transcribimos: «El Instituto de Ciencias Forenses (INACIF) es la única institución facultativa para expedir informes y peritajes requeridos por el sistema de Administración de Justicia de la República Dominicana. En caso de instituciones de otras naciones deberán ser homologadas por el mismo». Sin comentarios.

En una próxima entrega seguiremos desollando la vaca forense para luego entrarle el becerro.