El que los integrantes de tantos organismos estatales, descentralizados o no, están devorando los recursos que se le ponen en sus manos y exprimen a los contribuyentes, revela una actitud de dejar a todo el mundo actuando como chivo sin ley, sin aplicar los frenos legales, morales y presupuestarios que eviten que el Presupuesto de la Nación sea dilapidado.

Existe un desorden. Cada quien quiere ver qué parte le toca del presupuesto y esgrimen los alegatos más folklóricos para justificar esos desmanes.

 Los legisladores, jueces, regidores, secretarios de Estado y directores generales buscan las diversas vías para devorar buena parte del presupuesto.

Y en eso no puede dejar de mencionarse la parte que les toca a los partidos con ese regalo presupuestario anual, permitiendo a muchos políticos mantener sus chinchorros para recibir anualmente millones de pesos.

Al asalto al presupuesto se agrega la modalidad de evadir el cumplimiento con la ley de contratación de obras y compras del Estado, que a cuenta de las emergencias provocadas por las tormentas tropicales en el pasado reciente, se están otorgando y comprando mercancías y otorgando obras sin concurso para favorecer a los favoritos de turno, que siempre conllevan beneficios colaterales.

Con las protestas generalizadas de las comunidades, para exigir reparación de calles y carreteras, se comienzan a otorgar reparaciones de obras sin previo concurso, ni siquiera presupuestos, escudados en la emergencia de las presiones populares por el descuido de muchos funcionarios en sus obligaciones básicas.

Antes el mantenimiento no atraía, pero parece que ahora será una nueva modalidad del grado a grado apoyada en las protestas populares, y por la emergencia, llevar a cabo reparaciones sin presupuestos y rumba abierta para baile.

Nadie quiere obedecer las directrices presidenciales. Cada funcionario actúa por la libre, protegiendo su espacio y preparando sus planes personales, por lo que las protestas comunitarias han adquirido un matiz de justa rabia, desbordada por ese desprecio con que los funcionarios tratan a los gobernados y a la forma alegre con que devoran el dinero que pagan miles de contribuyentes.

De ahí que el gobierno dominicano debería copiar de la decisión del presidente Obama de enfrentar con valor la acción de una quebrada empresa aseguradora y rescatada con 138 mil millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, que asignó espectaculares bonificaciones a sus principales ejecutivos, bajo el alegato de compromisos contractuales, pero que obligará a una reconsideración como ya la ha decidido el presidente norteamericano. Ya el presidente Fernández criticó el último aumento de los regidores del Distrito Nacional ya descartado.

Ojalá que enfrente con valor lo que están cocinando los legisladores, en especial los senadores para aumentarse el sueldo y también llevar  a seis años su actual período constitucional.

 Es casi seguro que esa tecla no se tocará hasta que se termine la elaboración de la nueva Constitución.

Incluso veremos las diversas concesiones que recibirán los legisladores para que la reforma sea aprobada sin contratiempos notables y angustiosos. Entonces, poder trillar el sendero de las reelecciones, a lo que están dirigiéndose los presidentes mesiánicos latinoamericanos, con constituciones a la medida, para sus sueños de permanencia en el poder.