Los funcionarios públicos hacen caso omiso a las invitaciones de las comisiones de trabajo del Congreso, ya que, en el mejor de los casos, solo envían representantes, desconociendo, al parecer, que la Constitución los obliga e incluso dispone que la renuencia o desacato a estas invitaciones “será sancionada por los tribunales de la  República”.

En el Senado funcionan 30 comisiones de trabajo y en la Cámara de Diputados otras tantas, las que solo en raros casos reciben la visita de los funcionarios titulares del Estado que invitan para agilizar estudios de proyectos, contratos, resoluciones y otras iniciativas de que son apoderadas.

Molestia. La situación comienza a molestar a ciertos legisladores que comentan por lo bajo el desplante de los funcionarios públicos, muchos de los cuales, a pesar de haber sido invitados formalmente, nunca han atendido las invitaciones.