Este país tiene que llegar a un estado de cosas en el cual el concepto autoridad tenga validez como regla, por «default», no por excepción o cuando una coyuntura así lo disponga.

Tiene que ser resultado de una regla de aplicación permanente el que sea demolida toda construcción, privada y aún oficial, que haya sido erigida donde no corresponde o desobedeciendo leyes y reglas específicas.

No puede ser que esté taxativamente prohibida la ocupación de las áreas públicas comunes y las zonas verdes, y que al mismo tiempo haya estamentos oficiales que cobren impuestos para permitir la violación.

En algunas áreas comunes, puestos de venta de picaderas y comida rápida, o «chimichurris» ocupan aceras y zonas de estacionamiento «con todas las de la ley». Sus dueños pagan a arbitrios a los ayuntamientos por permitirles la violación y las distribuidoras de electricidad les proveen de contadores para cobrarles la energía que consumen.

En playas como la del trayecto entre Andrés y Boca Chica, los dueños de negocios se han apropiado de la orilla del mar, y han colocado allí «paragüitas» con asientos y mesas y enajenan el derecho de muchos bañistas. Se sienten dueños de estas zonas comunes porque, según afirman, pagan al ayuntamiento correspondiente, y eso les permite, inclusive, construir violando la distancia mínima entre la orilla y la obra.

El resultado es que no se puede pensar en desarrollar en este trayecto una zona de arena, libre de obstáculos, para disfrute de los bañistas que no estén interesados en los servicios de los establecimientos a los cuales se les cobra por permitirles violar los derechos de los demás.

[b]-II-[/b]

En plena ciudad -y que quede claro que no es culpa exclusiva de las mautoridades actuales- el Gobierno Municipal ha prohijado la violación de los derechos de los munícipes. La ocupación de las aceras por parte de los buhoneros obliga a los transeúntes a caminar por la zona que corresponde a los vehículos, con todos los riesgos que esto implica.

Alguna vez alguien pretendió que la solución era el desalojo definitivo de los buhoneros que ocupan las aceras en las avenidas Duarte y Mella, pero tal fórmula creó en su momento problemas de impopularidad política. Otra gestión municipal, cuidándose de ese efecto, optó por enajenar una franja de la calzada y construyó casetas de metal que luego sirvieron de «recámaras» para que vendieran sus servicios las prostitutas.

Una tercera gestión fue más allá, pues desmanteló los férreos tarantines y a cambio construyó lo que se conoce como la «plaza de los buhoneros», que nunca ha sido tal ni ha alojado a estos vendedores.

Como se ha estado evadiendo lo que dispone el ordenamiento municipal en cada caso, los dueños de tarantines de la avenida España, los «empresarios» turísticos del trayecto entre Andrés y Boca Chica y los buhoneros de la avenida Duarte sienten que tienen derechos adquiridos que nadie les puede arrebatar, unos porque pagan arbitrios para poder violar las reglas y otros porque, bajo argumento de que son padres que tienen que ganar el sustento de sus familias, han demostrado que pueden enajenar los derechos de otros y atemorizar a las autoridades municipales hasta el grado de no poder aplicarles lo que manda la ley.

Tratemos de que, alguna vez, este país logre un estado de cosas en el que la ley sea regla inviolable, no excepción de coyuntura.