Además de aumentarse sus salarios en violación a la ley 176-07, los regidores parecen tener mucha responsabilidad en el incumplimiento de los rigores de fiscalización a que deben someterse los ayuntamientos.

En el 2007 los ayuntamientos y juntas municipales debieron remitir a la Cámara de Cuentas 4,584 Informes de Ejecución Presupuestaria de Ingresos  y Gastos. Solo remitieron 2,065.

De igual manera, debieron remitir a la misma instancia  9,168 Informes de Control Presupuestario de Ingresos y Gastos, pero solo han enviado 687. De 1,528 informes trimestrales, solo han enviado 577.

Todos estos reportes e informes deben ser conocidos y aprobados por las salas capitulares,  para que sean  válidos y aceptados por la Cámara de Cuentas.

Hay, pues, motivos suficientes para que la Cámara de Cuentas intervenga aquellos ayuntamientos en falta y establezca las responsabilidades de rigor, pues nadie tiene derecho a obstruir la fiscalización del manejo y destino de los  fondos públicos.

Por cierto, hay que congratular al síndico de Santiago, José Enrique Sued, por no seguirle la corriente a los regidores que le aumentaron el sueldo para poder hacer lo mismo con sus propios ingresos. Esa actitud debe ser imitada en todos los  ayuntamientos afectados por el desparpajo de los regidores.

Irrespeto

El régimen de seguridad social sigue de mal en peor y el más perjudicado es el asegurado.

Gente que contaba con seguro médico privado que le garantizaba atención de calidad, ahora han visto  degradada la cobertura a que tenían acceso.

Para colmo de males, la pugna de intereses amenaza con deteriorar aún más la situación.

El Colegio Médico Dominicano y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas han convocado a un “paro de advertencia” para exigir que no sea derogada la resolución 147-07, que aumenta los honorarios profesionales.

Semejante postura solo garantiza que los asegurados sufran aún más penurias que las que han estado padeciendo desde que comenzó  la tortuosa aplicación del Seguro Familiar de Salud.

 La autoridad en esta materia y las organizaciones que amenazan con paros y huelgas deberían desarrollar capacidad de diálogo para arribar a soluciones y evitar que continúe la degradación de la calidad de las atenciones médicas.

Los asegurados merecen tanto respeto como los demás actores de la seguridad social. Alguien tiene que ponerle freno a tanto irrespeto.