El uso y adicción a las drogas aumenta en la población joven. Las familias afectadas y desbastadas por esta enfermedad se han triplicado en toda Latinoamérica. Los gobiernos y las instituciones que fiscalizan o crean las políticas públicas en materia de drogas no han respondido de forma eficaz en la prevención, el diagnóstico precoz y en la rehabilitación psicosocial. Por muchos años la dependencia a las drogas fue vista por los gobiernos como un problema de delincuencia, vagamundería, de moda, de personas con debilidades en el carácter etc. De ahí la aplicación de leyes como la 50-88 que castiga el consumo, no importa el tipo de droga, la cantidad, ni la condición de enfermedad, ni los factores de vulnerabilidad o riesgo biológico o sicosocial del dependiente.
Hace algunas décadas se le viene explicando a los gobiernos, ministerios e instituciones de salud y Ministerio Público, que las drogas son debido (su consumo) a una enfermedad del cerebro, o sea, a una alteración química: dopamina, glutamato, norepinefrinas, catecolaminas, que al ponerse en contacto con la sustancia: marihuana, cocaína, éxtasis, heroína, LSD etc. Van producir cambios en el cerebro: pensamientos, emociones, conductas, hábitos, que llevan al usuario a un consumo cada vez mayor; creando la dependencia. Es decir, es una enfermedad que no depende de la voluntad, del carácter o de la persecución o fiscalización de una ley. Los dependientes a las drogas son enfermos que necesitan tratamiento médico-psiquiátrico,
Psicológico, conductual, emocional o familiar. Hace años que este país se viene equivocando en la aplicación de una ley la 50-88 que persigue y penaliza como criminal al usuario o dependiente-que es un enfermo- le ponen en una cárcel, sin tratamiento alguno hasta que se deteriora sin tener el consumo y sin tener el programa de rehabilitación.
La despenalización no es legalizar las drogas. Consiste en ayudar a los usuarios y dependiente que son sorprendidos en el consumo a un tratamiento médico institucional: Hospital, unidades de salud mental, unidades de desintoxicación y programas de rehabilitación, de reinserción social, laboral y espiritual. El castigo y la aplicación de la ley continúan para tráfico de drogas, el negocio ilícito, el lavado y el crimen organizado que produce el negocio de las drogas. La despenalización tiene varios enfoques: la psi-coeducación y sensibilidad en escuela, universidades, sociedad civil, comunidades de alto riesgo, medio de comunicaciones, etc. Esa prevención ayuda a cientos de jóvenes a evitar el consumo o no dejarse influenciar por presiones de amigos o parejas en el consumo de las drogas; pero también, ayuda a que los jóvenes sepan de forma objetiva y médica el daño a la salud, al cerebro, a bienestar y al desarrollo psicosocial.
La otra parte de la despenalización es el sistema de referencia al sistema de salud de aquellos usuarios que pueden ser sorprendidos en el consumo o compras de pequeñas dosis y deben ser llevados a programas de salud mental donde se establece el diagnóstico, comorbilidad, su personalidad, su condición de riesgo de psicosocial, para favorecerle con un tratamiento médico integral.
El nuevo enfoque a nivel mundial es tratar la drogadicción como una enfermedad del cerebro que tiene tratamiento psiquiátrico de firma integral, asistencial o institucional. Es una enfermedad con un alto costo directo, indirecto, intangible, familiares y salud pública. Son años de tratamientos para una enfermedad que no se cura, sino que se controla y se mantiene funcional o productiva a la persona, pero fuera del consumo y bajo vigilancia médica.
El consumo, la dependencia y los trastornos psiquiátricos por el consumo de drogas tienen arruinada la vida a cientos de jóvenes y adolescentes en nuestro país. Pero peor aún, han bajado las edades de los usuarios, la modalidad y el tipo de consumo han aumentado. Existen quienes son poli-usuarios, es decir, consumen más de una droga y, confrontan todo tipo de riesgos sexuales, conductuales, sociales, etc. Las drogas han puesto a cientos de familias de rodillas, han llevado al cementerio y cárceles a cientos de muchachos que debieron terminar sus estudios, su proyectos de vida y lograr su felicidad. Hay que organizar un nuevo enfoque en las políticas públicas en materia de droga y revisar la Ley 50-88.