Despidos en gobierno México con alto costo por demandas

11_07_2019 HOY_JUEVES_110719_ Economía2 D

El Gobierno mexicano ha recortado miles de puestos de trabajo en el sector público como parte de la polémica política de austeridad –una reducción de más de 20.000 plazas desde enero, según una publicación del diario El Universal.
El objetivo es adelgazar una burocracia que las nuevas autoridades consideran plagada de duplicidades y excesos.

Pero esta política se ha topado con complicaciones. Tan solo tres despachos de abogados, uno de Monterrey y dos de Ciudad de México, aseguran representar a más de 300 funcionarios de diversas dependencias federales, descontentos con la indemnización ofrecida, en muchos casos inexistente. Los expertos legales consultados estiman que hay miles de demandas similares.

Un portavoz de la Secretaría de la Función Pública señaló al diario El País que es normal que se produzcan bajas tras un cambio de Gobierno y que los funcionarios están en su derecho de demandar. Pero, según varios abogados consultados, el inicio de este sexenio ha generado una cantidad inédita de casos debido al elevado número de despidos.
Una fiscal de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, la unidad encargada de defender a los empleados en conflictos laborales con la Administración, confirma que en lo que va de año ha habido un incremento de consultas por parte de funcionarios de carrera preocupados por su indemnización.

Los juicios se alargan generalmente entre dos y cuatro años, pero la recompensa puede ser jugosa. Unos tres millones de pesos por caso –alrededor de 150.000 dólares– según el abogado laboralista Gerardo Cuéllar, gracias al pago de los sueldos que habría recibido el trabajador durante el tiempo del proceso judicial. “Es una bola de nieve”, sostiene el experto en derecho laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfredo Sánchez-Castañeda. “Supone un ahorro a corto plazo, pero el Gobierno no está viendo el incremento del costo a medio y largo plazo”. La Ley mexicana establece que solo pueden ser cesados por “justa causa”, pero varios funcionarios aseguran que no se les notificó o que no se dio una justificación basada en la ley. A María G., funcionaria de carrera desde hace más de 10 años, le comunicaron escuetamente un día antes que la daban de baja “por órdenes de nuestro H. Presidente de la República”.

Más allá de las causas, la mayoría de quejas está relacionada con la indemnización. A veces no hubo oferta y otras estuvo por debajo de lo que marca la ley. “A mí me dijeron que por falta de presupuesto no me podían indemnizar en su totalidad”, explica Adalberto Santamaría, funcionario de 33 años de la Procuraduría Federal del Consumidor. De igual manera, a María G. le ofrecieron tres meses de sueldo y 20 días por año trabajado, pero lo segundo se aplicó solo a los últimos diez años, pese a haber trabajado 16. Una posición que no tiene una base legal ni en la jurisprudencia, según reconoce la fiscal y afirman varios juristas.

La estrategia legal de los demandantes pasa por demostrar que los despedidos no eran altos cargos sino que realizaban tareas operativas. Los representantes de los funcionarios se muestran confiados del éxito de las demandas.