Cuando la inversión del dinero de los contribuyentes se realiza en base al clientelismo político, el resultado generalmente es el despilfarro. Una muestra de esa práctica indolente es que el 62% de los hospitales del país han sido construidos en municipios escasamente poblados, con menos de 50 mil habitantes. El dato lo aporta nada menos que el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Ramón Alvarado. La mayoría de estas estructuras desborda las necesidades de las comunidades en que están asentadas, originando gastos y costos injustificables. Estas inversiones por lo regular son la respuesta de algunos políticos a las demandas de obras de las comunidades cuyo favor persiguen. O son las promesas que aspirantes a cargos electivos le hacen a sus habitantes en pago por el favor de su voto.

Esa práctica contrasta con las precariedades económicas y de equipos que a veces limitan la capacidad de acción de hospitales ubicados en ciudades densamente pobladas y con mucha demanda de servicio. El Gobierno, como administrador de los recursos del Estado, tiene que velar porque cada obra esté concebida en base a reales necesidades, actuales y proyectadas. El clientelismo político no puede continuar siendo el motor que impulse la mala inversión de los recursos del poder, sobre todo cuando esa inversión no es aprovechable en términos de utilidad, de prestación de servicios a las comunidades.

Calidad sísmica de las escuelas

A pesar de que en el país rige un protocolo puesto en vigencia desde el 2010, sus recomendaciones de seguridad contra sismos estarían siendo violadas en por lo menos 50 de las nuevas escuelas que construye el Gobierno. Un estudio dado a conocer por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad destaca mala dosificación de materiales, mala colocación de estribos en vigas y columnas, así como construcción sobre terrenos con fallas, que hacen a esos planteles vulnerables a la carga de cualquier sismo.

La calidad sísmica de las escuelas está entre los factores a tomar en cuenta en concepto general de mejoración cualitativa de la educación. El Gobierno está en el deber de hacer las correcciones pertinentes en los planteles con deficiencias y enfatizar en el rigor de la supervisión de estas obras.