BRASILIA. AFP.  Tropas del Ejército asumieron el control del estado de Bahía, el cuarto más poblado y uno de los más turísticos de Brasil, a raíz de una huelga de la Policía Militar que ya lleva cinco cinco días y que desató una ola de violencia con 76 muertos, dijeron autoridades ayer.

Unos 2,600 efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Nacional de Seguridad fueron enviados el viernes a la zona para recuperar la seguridad de Bahía ante la negativa de los uniformados a terminar con la protesta por un aumento de salarios, iniciada el miércoles y que fue declarada ilegal por la justicia.   «El estado de derecho no permite el abuso del propio derecho. Esta huelga, de la forma como está siendo llevada, es inaceptable», señaló el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien viajó el sábado al estado en compañía de mandos militares. 

La huelga de los uniformados -que según la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía involucra a un tercio de los 31.000 policías- aumentó considerablemente los homicidios y levantó una ola de saqueos y asaltos a dos semanas del inicio del carnaval, que atrae a millones de turistas a este estado del noreste brasileño.   En cinco días de paralización se han cometido 76 homicidios, la mayoría en la capital, Salvador, y sus alrededores, según un balance difundido este domingo por la Secretaría de Seguridad Pública.   La cifra de muertes violentas duplica la registrada en el mismo período del año pasado, recordó la Agencia Brasil (estatal). Con 13,6 millones de habitantes, Bahía es el cuarto estado más poblado de Brasil.  

El sábado el gobernador de Bahía, Jaques Wagner, denunció que parte de los delitos de estos últimos días pudieron ser cometidos por «orden de los criminales que se autodenominan líderes del movimiento».   Las autoridades ordenaron el arresto de 12 dirigentes de la protesta, uno de los cuales fue capturado este domingo acusado de «incitación a la violencia, formación de bandas y robo de patrimonio público», según el gobierno estatal.

Un grupo de huelguistas se atrincheró, armado, en un área de la sede del Legislativo de Salvador, después de que el gobernador rechazara un pedido de amnistía.