El despojo de la identidad a personas dominicanas de ascendencia haitiana con la negación de renovación de sus actas de nacimiento y cédulas es una práctica violatoria de los derechos humanos.

La Junta Central Electoral se niega a renovar las actas de nacimiento y cédulas a personas que nacieron en el país y han desarrollado toda una vida social, laboral, artística, deportiva y profesional como dominicanos y dominicanas. La aplicación en forma retroactiva de la ley de migración del 2004 es totalmente violatoria de la Constitución y las leyes. ¿Cómo se explica que personas nacidas 70 años antes de la formulación de esta ley ya no son dominicanos ni dominicanas?

Las protestas de la población dominicana de ascendencia haitiana son frecuentes y han sido reprimidas por agentes policiales con apresamientos de manifestantes y de sacerdotes comprometidos con este movimiento (caso reciente del Jesuita Mario Serrano, director del Centro Bonó).

En el ámbito internacional la República Dominicana está siendo demandada por diversas instituciones nacionales e internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de un derecho fundamental en todo ser humano, el despojo de su identidad y nacionalidad.

En el estudio que hicimos para el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes, (SJRM-2010) se muestra claramente que la identidad de la población dominicana de ascendencia haitiana no solo se sustenta en su situación de derecho sino también en su sentido de pertenencia, costumbres, patrones de arraigo, idioma, socialización y tejido social. Lo mismo ocurre con todo/a hijo o hija de personas de distintas nacionalidades (china, español, libanés, cubano, entre otros.) que nace y se socializa en la República Dominicana, muchos/as de los/as cuales han sido  y son síndicos/as, diputados/as, senadores/as hasta Presidentes de la República.

La negación de la nacionalidad a personas que han vivido por muchas décadas como dominicanos y dominicanas (personas con 75 años)  tiene consecuencias en su vida y en toda la sociedad. En términos individuales tiene impacto en el sometimiento a la vulnerabilidad y exclusión del derecho a: educación, empleo, inversión económica, desarrollo humano en su totalidad.

Estos efectos generan a su vez una espiral de consecuencias en la vida social con un aumento de la inseguridad ciudadana. En momentos en que  la sociedad dominicana reclama una intervención de impacto en la erradicación de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, acciones como las de la Junta Central Electoral lo que hacen es agravar y complejizar el problema.  Condenar a decenas de miles de personas a la exclusión de opciones de educación e ingresos, es empujarlas a que busquen opciones de sobrevivencia desde las redes delictivas.