Hoy 
EDUARDO JORGE PRATS
Parecería un contrasentido hablar de la despolitización de las políticas públicas cuando éstas son precisamente eso: política. Pero la temática es trascendente en la medida en que los partidos han monopolizado la representación política y dejado fuera de la misma a los ciudadanos y a las organizaciones sociales. Precisamente, si hay un tópico común a todas las clases sociales es el de la necesidad de despolitizar -en el sentido de despartidirizar- tanto las políticas sociales teñidas de puro clientelismo político como las políticas económicas atrapadas por la captura del regulador por los regulados y la abierta intervención de los actores partidarios y de los poderes políticos del Estado.
La despolitización de las políticas públicas tiene como objetivo fundamental empoderar a los ciudadanos y a las organizaciones ciudadanas. El actual estado de cosas favorece, por un lado, el clientelismo que es la base de la política como persecución de la renta, y, por otro, la preeminencia de los poderes fácticos invisibles del empresariado. Esa despolitización, sin embargo, es una decisión política fundamental que solo puede ser tomada desde el Estado y que plantea necesariamente una reconfiguración del Estado y de su rol frente a la sociedad.
Ahora bien, la despolitización no implica necesariamente el Estado mínimo del consenso neoliberal de Washington. No. Lo que ella busca es precisamente relanzar es el Estado Social del viejo consenso socialdemócrata sobre una plataforma que cambia el modo de intervención del Estado en la economía y en la sociedad, fuera de los esquemas burocráticos y asistencialistas del Estado de Bienestar y del Estado empresario y gestor que se gestó tras la Segunda Guerra Mundial.
Este redimensionamiento del Estado implica, en el plano económico, el establecimiento de Administraciones independientes, neutralizadas políticamente y conformadas alrededor de la noción de especialización técnica, y a cargo de una regulación que trata de corregir los vicios e imperfecciones del mercado mediante una profunda regulación y supervisión de las empresas que intervienen en los mercados regulados (energía, telecomunicaciones, finanzas, etc.). El estatuto de estas Administraciones en la República Dominicana está en jaque pues la jurisprudencia, haciendo caso omiso a los precedentes jurisprudenciales del país (Estados Unidos), donde nacieron las agencias independientes, precedentes que confirman la potestad del Congreso de crear estas agencias en el marco de la misma Constitución presidencialista dominicana, ha considerado que, salvo la Junta Monetaria del Banco Central, al legislador le está vedado configurar organismos autónomos cuyos altos funcionarios sean inamovibles.
En el plano social, la despolitización implica la erradicación del clientelismo sobre la base de la vinculación del Tercer Sector con el Estado, la plena exigibilidad judicial de los derechos sociales, la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución y fiscalización de los presupuestos, y la conexión de la inversión social en educación, salud, alimentación y vivienda con un modelo económico basado en la liberalización comercial, la libre competencia, la protección de los derechos de los consumidores, la preservación del medio ambiente, y la adopción de mecanismos transparentes de control financiero y de adquisiciones públicas.
Este nuevo modelo de Estado rompe con la presunción de que un Estado Social es necesariamente un Estado fiscalista porque de lo que se trata no es tanto de aumentar los impuestos como de hacer más eficiente el manejo del gasto público, reorientarlo hacia la inversión social que protege el activo más importante de una nación que son sus recursos humanos, y estimular el crecimiento económico para que ello lleve aparejado vía impuesto sobre la renta y minimización de la evasión fiscal un aumento neto de los ingresos del erario público.
La asunción de los retos del Estado regulador y del Estado que toma en serio los derechos sociales y la inversión social es la clave para unas nuevas relaciones de producción, para relanzar las relaciones Estado-sociedad, para crear una nueva base de la productividad, y para configurar una verdadera ciudadanía social. Esto no puede lograrse si no es tomando la decisión política de que los ciudadanos asuman su propio destino viviendo en una comunidad no solo de libertades políticas sino también de libertades sociales, en el espíritu y en el suelo común que sirve de base tanto a la democracia como al liberalismo.
