La iniciativa judicial del director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, contra cuatro exfuncionarios del Banco Central tiene todas las características de una bola de humo, contradictoria en sí misma, que sólo puede servir para desviar la atención sobre las denuncias de malversación de fondos y de impunidad que sacuden el país.

Si se mide por la extensa nota informativa, la iniciativa de Bonilla busca mezclar mansos y cimarrones, para confundir y ocultar a los reales autores y beneficiarios de la sustracción de pagarés del BC por la suma de 10 mil 663 millones de pesos, originados en los sobregiros de las empresas del Grupo Financiero Nacional que causaron la quiebra de su Banco Nacional de Crédito.   

Se denuncia a los tres más altos funcionarios del Banco Central (BC) que persiguieron los fraudes bancarios del 2003, con acusaciones –evidentemente infundadas- de haberse constituido en asociación de malhechores, prevaricadores y desfalcadores para beneficiar precisamente a quienes ellos mismos y las autoridades monetarias actuales han llevado ante la justicia.

De esa forma se persiste en la generalidad de que todos los que pasaron por la administración pública fueron corruptos y se desvía la atención de las preocupaciones morales que viene expresando la sociedad dominicana en un tono tan alto como nunca se había sentido.

La denuncia de Bonilla obliga a las actuales autoridades del BC, que tanta responsabilidad han demostrado en el manejo de los procesos judiciales contra los desfalcadores bancarios, a desligarse de un expediente tan burdo, a no ser que quieran dejar espacio para que luego ellos también terminen siendo acusados para seguir protegiendo a los responsables de los fraudes bancarios y del descalabro económico que generaron.

Lo más penoso es que esa actuación sólo servirá para desprestigiar la lucha contra la corrupción que debía conducir el DPCA, confundiendo a la ciudadanía por la irresponsabilidad con que muchos se prestan a la difusión de verdaderos infundios, sin el menor análisis ni criticidad.

Bonilla compromete una aclaración del BC por cuanto pretende fundamentar su iniciativa judicial en la denuncia formal que esa institución formulara al DPCA el 6 de marzo del 2007, donde se  pidió acción judicial contra “los responsables del hecho de la distracción” de los pagarés por 10 mil 663 millones de pesos.

La investigación fue puesta en manos de Bonilla, entonces subdirector del DPCA y desde hace unos meses titular, y aunque la denuncia del BC proporciona todos los documentos y actos que permiten establecer quienes pudieron haberse constituido en asociación de malhechores para perjudicar el interés público, dos años y medio después el resultado es un parto de los montes.

La denuncia del BC precisa cómo el entonces  consultor jurídico del BC, Manuel Rubio Cristóforis, dispuso de los pagarés para entregarlos a la directora legal del GFN –del que él había sido funcionario- , sin que mediara ninguna resolución de la Junta Monetaria, ni una autorización formal de alguna autoridad de la institución. Incluso anexan una intimación a Rubio del 4 de diciembre del 2006 para que “devuelva los pagarés irregularmente distraídos”, e identifican a quienes han admitido tener los pagarés  y el uso que han pretendido darles.

 Pero en vez de identificar y perseguir a los beneficiarios de la distracción,  los deudores del BC, el DPCA acusa de haberse convertido en una gratuita asociación de malhechores a quienes los procesaron judicialmente. Y aunque la denuncia del BC justifica sobradamente la asistencia financiera dada en su oportunidad al Bancrédito, Bonilla lo ignora y también levanta cargos sobre el particular. Llega al dislate de responsabilizar al gobernador José Lois Malkún, de las facilidades de liquidez otorgados a ese banco desde el 1 de agosto del 2002, aunque él fue designado en el cargo en marzo del 2003.

En fin, que después de dos años y medio de investigación, la tardía denuncia de Hotoniel Bonilla es una vergüenza jurídica.