JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Hace unos años, en ocasión de presentarse una situación como la del lunes próximo pasado, en el cual los dirigentes de la convocatoria a huelga utilizaban indistintamente las palabras huelga y paro, señalaba en esa ocasión que aunque las dos palabras tienen fines comunes, en su idiosincrasia y desde el punto de vista legal, no son equivalentes o representan lo mismo. Veamos: Huelga, en términos simples, acción en donde los empleados de común acuerdo cesan voluntariamente en el trabajo que realizan para obligar al patrón, o a mejorar las condiciones de trabajo o la remuneración que perciben por el mismo o protestar por un hecho determinado.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la «general como la que se plantea simultáneamente en todos los oficios de una o varias localidades»; y la «revolucionaria la que responde a propósitos de subversión política más que a reivindicaciones de carácter económico o social». En términos comparativos cuando se refiere a una población, implica las exigencias para que se corrijan situaciones que los ciudadanos consideran anómalas, punitivas o de indiferencia. Por el contrario, paro implica la suspensión o el término de una jornada industrial o agrícola por parte de los empresarios o patronos, para imponer las normas o reglas que con anterioridad habían aceptado dichos trabajadores u obreros.

Como en el caso que nos ocupa, no fue el Estado dominicano el que propició un paro. Debemos intuir que se trató de una huelga en la cual los ciudadanos, representados o no por un denominado Foro Social Alternativo, estaban demandando al Gobierno un pliego de demandas, algunas de ellas muy justas, pero otras de corte revolucionario lo cual, en cierto modo, afectó en que no fuera respaldada en su totalidad por el pueblo dominicano.

La indiferencia, o mejor dicho la indolencia y la prepotencia con el cual las autoridades abordaron el problema de la falta de agua en comunidades que tenían hasta tres meses sin recibir el líquido, hizo que las pasiones se desbordaran, especialmente en las localidades próximas a la ciudad de Santo Domingo, que culminó con el inmenso taponamiento en el Distrito Municipal de Pedro Brand, que mantuvo cerrada la autopista Duarte, principal arteria del país, por más de cuatro horas y en donde los enfrentamientos entre manifestantes y los agentes del orden público no llegaron a que la sangre corriera, si se quiere, por el comportamiento comedido de ambas partes.

Uno de los eslogan más difundidos por el Gobierno ha sido: «dominicano, el agua es vida, no la desperdicies». Y comentamos, si es vida ya que es imprescindible, sea para saciar la sed, asearse, cocinar o lavar las prendas de vestir, porque las autoridades responsables del suministro del agua no hicieron el esfuerzo que ahora, bajo presión y con la espada de Damocles sobre sus cabezas, ejecutan y hasta han adquirido camiones-cisterna para acarrear agua en los lugares en donde el acueducto de Santo Domingo ha colapsado, al parecer por haberse ejecutado las líneas de transmisión por gravedad de la presa de Valdesia de manera inapropiada. Con los frecuentes aguaceros torrenciales que tuvimos en el mes de mayo, tenemos la certeza que dicho embalse está en condición de proporcionar el agua para los sectores más necesitados.

Es sabido que actualmente hay una recesión monetaria que ha hecho ascender la prima del dólar frente al peso, que se había mantenido estable en los últimos dos años. ¿De dónde aparecerán los recursos económicos para llevar a cabo todas las promesas hechas por nuestras autoridades? ¿Sabe la mayoría de los dominicanos que hay más de veinte puentes destruidos, quedando aisladas localidades que dependen de llevar a los mercados su producción agropecuaria? En este sentido, el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) ha expresado públicamente que su cartera no dispone de los recursos necesarios para abordar tan costosas obras.

Es nuestra opinión, que tanto Gobierno como gobernados deben sincerarse y deponer exigencias o compromisos que no se puedan cumplir en lo inmediato y abocarse a enfrentar las tareas por un orden estrictamente de prioridades, olvidándose de la politiquería y del posicionamiento que estos reclamos tendrían en la justa electoral del 2008, lo cual implica detener la campaña de promoción de candidatos a casi un año de las elecciones.

Las próximas semanas serán decisivas para poder aquilatar las intenciones, tanto del Gobierno como de los que protestan. Si la ciudadanía observa que las autoridades realizan ingentes esfuerzos para subsanar los errores del pasado, estamos en vías de un avenimiento que es sumamente necesario para seguir preservando el clima de paz y democracia que hasta ahora y salvo algunas excepciones, hemos y estamos disfrutando. Necesitamos paz, tranquilidad y seguridad ciudadana para atraer los capitales foráneos que necesitamos para que el progreso se asiente en nuestro querido país. Converjamos y ayudémonos manteniendo la fe en nosotros, no esperemos ni cifremos nuestro desarrollo en organismos internacionales o países que prometen ayudar como lo han declarado hacia Haití y le dan la espalda a la hora de la verdad.

Contemplémonos en ese ejemplo.