De los siete días que tiene la semana, la palabra Miriam Germán duró cuatro siendo “trending topic” o tendencia en las redes sociales. Este es apenas un indicativo de cómo la magistrada fue objeto, en la gran mayoría de los casos, de una solidaridad inmensurable, capaz de unificar y cohesionar inclusive a sectores antagónicos.
Con esto, una vez más, la sociedad dominicana dio muestras de avances en capacidad de indignación. Más de un dominicano se sintió también atropellado, maltratado, violentado por el trato injusto e indigno que dio el Procurador de la República a la jueza de la Suprema Corte de Justicia.
Ahora bien, es necesario que esa indignación no se quede ahí, sino que se traduzca en demandas y acciones concretas, útiles y fructíferas para el Estado de Derecho que algún día ha de imperar en nuestra nación. En ese sentido, una de las conclusiones a las que se llega tras el análisis de este caso, es la necesidad de que en República Dominicana tengamos un Procurador General que sea independiente del poder político y/o partido de turno.
Y es que, aunque hay diversas doctrinas respecto a la correcta ubicación orgánica del Ministerio Público en la estructura constitucional del poder (dentro del Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo…), entiendo que el modelo más conveniente para un país como este, con una democracia aún en construcción, es el modelo extrapoder o autónomo.
De esta manera se evitaría que la fuerza y licencias constitucionales se usen como mecanismo o herramienta de rebatiñas políticas y electoreras, entre otras cosas.
De hecho, en la última década, esta ha sido una petición constante de la sociedad civil. Y tiene lógica, cuando se comprueba se está, cada vez más, ante gobiernos centralizadores y concentradores.
Algo de esto intenta evitar la Constitución dominicana, cuando en su artículo 169, le confiere al Ministerio Público autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Más en la práctica se observa mucha dependencia.
Para muestra dos botones. El primero tiene que ver con la saña, asechanza, alevosía, e ilegalidad con que se manejó la Procuraduría de turno ante la evaluación de doña Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, una jueza crítica por demás.
El segundo tiene que ver con el expediente Odebrecht, que evidencia manejo sesgado en la investigación y acusaciones selectivas.
De ahí la urgencia de un Ministerio Público que no dependa directamente del Poder Ejecutivo, que tenga independencia administrativa y financiera, como forma de mejorar la calidad democrática y fortalecer la justicia.
Después de todo, no se entiende qué es lo que planean que tiene tanto miedo a instituciones y profesionales de la justicia, del derecho y la comunicación que sean independientes.