WASHINGTON (AFP).- George W. Bush se encamina hacia nuevas dificultades tras la publicación de informaciones según las cuales el presidente norteamericano autorizó en 2002 escuchas telefónicas extrajudiciales de miles de personas, invocando la lucha antiterrorista.

Altos asesores de Bush se negaron ayer, viernes, a confirmar o negar los informes de prensa según los cuales el presidente ordenó, luego de los atentados del 11 de setiembre, el espionaje sin orden judicial de ciudadanos extranjeros y estadounidenses en Estados Unidos.

Frente a los pedidos de los congresistas de tratar el tema, los asesores insistieron que Bush siempre actuó legalmente y protegió las libertades civiles en sus esfuerzos para prevenir una réplica de los ataques de 2001 perpetrados por la red terrorista Al-Qaida.

Según el diario estadounidense The New York Times publicado el viernes, el presidente firmó en 2002 una orden que permite a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) espiar las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos, de Estados Unidos al extranjero, de cientos y quizás miles de personas, sin solicitar la orden judicial requerida para el espionaje interno.

La secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice declaró al respecto: «no haré comentarios sobre las actividades de inteligencia, porque las actividades de inteligencia por naturaleza son delicadas y no deben comprometerse».

«El presidente de Estados Unidos actuó legalmente en cada paso que tomó para defender al pueblo estadounidense y hacerlo en su responsabilidad constitucional», dijo Rice al canal televisivo NBC.

Según el diario, hasta ahora la NSA escuchó a 500 personas en Estados Unidos y entre 5.000 a 7.000 en el exterior, todos sospechosos de estar vinculados con el terrorismo.

Funcionarios estadounidenses dijeron al Times que este programa había logrado desbaratar conspiraciones terroristas, y como ejemplo citaron al camionero de Ohio, Iyman Faris, que en 2003 se declaró culpable de apoyar a Al-Qaida y planear la destrucción del puente de Brooklyn en Nueva York.

«No voy a involucrarme en discusiones sobre actividades de inteligencia relativas a la seguridad de nuestra nación y a nuestros esfuerzos para prevenir ataques», dijo el portavoz de la Casa Blanca Scott McClellan.

«Después de los ataques del 11 de setiembre, el presidente se comprometió a dos cosas», dijo McClellan. En primer lugar, que utilizaría todo su poder para salvar vidas, y, «en segundo lugar, que respetaría la Constitución y las libertades civiles del pueblo estadounidense, y ha hecho ambas cosas», declaró.

Aunque McClellan señaló que el Parlamento y el poder judicial supervisaban estos temas, algunos prominentes legisladores de ambas partidos expresaron su malestar por el informe, aunque se negaron a confirmarlo.

«Lo examinaremos», dijo el senador republicano John McCain refiriéndose al informe. «A mí, teórica y obviamente, no me gustaría», dijo luego de una reunión en la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó si querría una investigación formal, McCain dijo a reporteros: «deberíamos estar informados exactamente de lo que sucede, para entonces determinar si convocar una investigación».

«Por supuesto me preocupa el caso, pero es todo lo que sé», dijo por su lado el senador demócrata Joseph Lieberman, quien aseguró que buscaría «saber algo más al respecto».

De acuerdo al Times, algunos funcionarios, familiarizados con la operación de espionaje en curso, se han cuestionado si esta vigilancia habrá atravesado los límites constitucionales.

Casa Blanca se defiende

Washington, (EFE).- La Casa Blanca se defendió hoy de las acusaciones de que espió a sus propios ciudadanos después del 11-S y aseguró que hace cuanto está en sus manos para evitar más ataques terroristas sin violar la Constitución.

La Casa Blanca respondía así a las informaciones publicadas hoy por el periódico «The New York Times», según las cuales autorizó sin el debido permiso judicial el espionaje de las comunicaciones de ciudadanos de EEUU y extranjeros en su territorio tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, indicó que el presidente de EEUU, George W. Bush, «va a seguir comprometido con respetar la Constitución y protegiendo los derechos civiles de los estadounidenses».

«Creo que los estadounidenses respetan todo lo que estamos haciendo por evitar que se produzcan ataques como los del 11 de septiembre de 2001», dijo el portavoz.

McClellan, que no confirmó ni negó la noticia publicada hoy, rehusó entrar en más detalles porque EEUU no quiere «que el enemigo sepa lo que estamos haciendo».

En un sentido similar se pronunció la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, quien aseguró que «Bush ha actuado de acuerdo a la ley en todos los pasos que ha adoptado».

Según el «Times», el presidente estadounidense, George W. Bush, ordenó en 2002 a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, el organismo de espionaje encargado de interceptar comunicaciones) intervenir las llamadas telefónicas y correos electrónicos desde o a EEUU, tanto de estadounidenses como de extranjeros, sin el permiso judicial perceptivo.

A raíz de esa «orden ejecutiva», la NSA no requiere autorización judicial para fiscalizar comunicaciones internacionales, aunque sí para comunicaciones dentro de EEUU, según funcionarios estadounidenses citados por el rotativo.

En principio, el mandato de la NSA se ciñe a la «inteligencia electrónica» en el exterior. «Se trata de un cambio fundamental», según un ex alto cargo consultado por el periódico. «Ha sido casi un dogma en este país que la NSA tenga escuchas sólo en el exterior».

El diario afirma que «casi una docena» de actuales o antiguos funcionarios aceptaron comentar el asunto con el New York Times «debido a sus dudas sobre la legalidad y el control del programa», que creen plantea interrogantes constitucionales.

Algunas de las fuentes creen que Bush, con su orden a la NSA, ha ido incluso más allá de los poderes adicionales que le confiere la «Ley Patriota», aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 pero que el Senado rechazó hoy renovar.

La NSA controla las comunicaciones de alrededor de 500 personas en EEUU y entre 5.000 y 7.000 el exterior, según las fuentes.

«The New York Times» afirma que supo de esas operaciones de la NSA hace un año, pero entonces aceptó la solicitud de la Casa Blanca para que no publicase la información, que divulgó hoy después de haber recogido testimonios de fuentes adicionales.

La Administración de Bush defiende la utilidad de la medida en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra Al Qaeda.

La NSA, creada en 1952, es la mayor agencia de espionaje del país con más de 30.000 empleados y depende del Departamento de Defensa de EEUU.

Esta nueva polémica sobre los servicios de espionaje estadounidenses surge después de que el Pentágono anunciara que revisará su banco de datos sobre el seguimiento de ciudadanos estadounidenses y de actos que presumiblemente representaban una amenaza terrorista contra bases militares.

Al parecer, en la lista aparecen alrededor de 1.500 «actos sospechosos» que sólo incluyen reuniones preparatorias para realizar manifestaciones contra la guerra en Irak y otras protestas contra el reclutamiento en escuelas.

Los propios estadounidenses han tenido siempre una actitud de cautela con respecto a sus servicios secretos, después de que se supiera que el Pentágono espió a grupos contra la guerra y defensores de los derechos civiles tras el conflicto en Vietnam. EFE