POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito dijo ayer que hace grandes esfuerzos para lograr la institucionalidad del ministerio público, la aplicación del Código Procesal Penal, la instauración de un nuevo modelo penitenciario y para fortalecer la lucha contra la corrupción, haciendo más creíbles los procesos judiciales.

Además, en los primeros diez meses de gestión, Domínguez Brito dijo que trabajó en la transparentación de las acciones de la Procuraduría General de la República, el fortalecimiento del estado de derecho y otros aspectos fundamentales para una buena administración de justicia.

Al hacer un recuento de sus ejecutorias resaltó la creación de estructuras jerárquicas y gerenciales importantes como el Consejo Nacional de Procuradores (CNP), el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público y la elección de la doctora Aura Celeste Fernández como la directora de este centro.

Sostuvo que ha tratado de dar fiel cumplimiento a la Ley 78-03 sobre Estatuto del Ministerio Público.

Dijo que como parte del desarrollo también fue creado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo cual era una exigencia del Código Procesal Penal.

«Como parte de este proceso que busca además consolidar y hacer más creíbles los procesos judiciales, fue desarrollada la primera fase de evaluación de los miembros del Ministerio Público según lo establecen los artículos 97 y 100 de su Ley de Estatuto», indicó.

Informó que estas evaluaciones fueron superadas por el 73% de los fiscales y procuradores de cortes, quienes adquirieron la categoría de elegibles para mantenerse en sus funciones y seguir la carrera.

Entre sus logros citó también la creación de un Departamento de Estadísticas y la automatización del Ministerio Público a nivel Nacional a través de una moderna red computarizada, que anda en consonancia con al llamado «Gobierno Electrónico» de la actual gestión gubernamental del Presidente Leonel Fernández.

Dijo que estos proyectos cuentan con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

Agregó que como parte del proceso de modernización, la Procuraduría ha suscrito acuerdos de cooperación con los Ministerios Justicia del País Vasco y Puerto Rico, que entre otros componentes, incluye la capacitación, el intercambio de experiencias y todo lo que contribuya con el fortalecimiento del Ministerio Público.

CODIGO PROCESAL

Con relación al Código Procesal Penal, Domínguez Brito, estimó que se han obtenido resultados sin precedentes en materia de administración de justicia, lo que entiende se ha traducido en una disminución sustancial del número de presos preventivos, que por décadas ha sido uno de los grandes problemas del país.

Aseguró que con la implementación de la reforma procesal se ha revertido la situación carcelaria con relación al status de los reclusos, ya que hasta septiembre de 2004 el número de presos preventivos triplicaba al número de condenados.

Señaló que en cambio al día de hoy, el 75% de presos no condenados que prevaleció durante años, ha pasado a un 49%, lo que en gran medida se debe a la labor efectiva de fiscales y jueces liquidadores que para manejar los casos viejos contempla el nuevo Código Procesal Penal.

Dijo que exceptuando las tres principales jurisdicciones como Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional que absorben más del 50% de los casos, las estadísticas de otras 31 jurisdicciones que gozan de la presencia de un fiscal, dan cuenta de que un 71% de las sentencias fueron condenatorias y el restante 29% fueron de carácter absolutorio.

AGILIDAD

Domínguez Brito indicó que en las 31 jurisdicciones aludidas se ha dictado 213 sentencias condenatorias, lo que proyectado a nivel nacional, incluyendo a Santiago, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, se estaría hablando de cerca de 500 sentencias condenatorias.

«Esas mismas proyecciones hablan de poco más de cien sentencias absolutorias, ya que en las 31 fiscalías registradas se ha computados apenas 67 descargos», indicó.

Hubo también, según dijo, 13 sentencias combinadas en las que como parte de un mismo expediente, se condenaron a unos y se absolvieron a otros.

«Un dato interesante es que más de 75% de los casos en que un miembro del ministerio publicó, mediante la instrumentación de un expediente, pidió apertura a juicio, fue refrendado por el juez y del total 71% obtuvo una sentencia condenatoria, lo que revierte muy positivamente el panorama en favor del sistema de administración de justicia y del estado de derecho de República Dominicana, donde en el pasado con el viejo Código de Instrucción Criminal, la tónica era que los casos en los tribunales vivieran el sueño eterno, cayeran en un limbo o prescribieran siempre en perjuicio de las victimas», apuntó.

SISTEMA PENITENCIARIO

Dijo que la Procuraduría ha puesto todo su empeño y orientado recursos, para dotar al país de un Nuevo Modelo Penitenciario, que responda a preceptos universales de derechos.

Dijo que a la fecha, se ha logrado establecer tres centros de corrección y rehabilitación para personas presas, el primero en San Felipe, Puerto Plata, el segundo en la cárcel de Najayo para Mujeres y un tercero en esta misma jurisdicción penitenciaria ubicada en San Cristóbal, el cual beneficia a los menores en conflicto con la Ley.

Manifestó que en la actualidad existen en el país 35 recintos carcelarios, en los cuales, hasta abril de 2005, había recluidos 13,585 personas, de las cuales el 96% son hombres, el 4% mujeres. El 49%, dijo, no están condenados.

Hasta la fecha han sido graduados 176 agentes los cuales ocupan las plazas que se han abierto y están en proceso de formación 210 nuevos agentes y 600 en proceso de selección.

El 13% de los presos en el país son extranjeros, indicó.

DUERMEN EN EL SUELO

Declaró que un elemento que habla del drama y la infrahumanidad en que sobrevive la población carcelaria es que el 53% duerme en el suelo.

No obstante, Domínguez Brito, sostiene que esa situación ha venido siendo revertida con la implementación de programas en beneficio de los reclusos que incluyen la entrega de colchones, medicamentos y adecuada alimentación servida a través de los Comedores Económicos del Estado.

«La Procuraduría ha creado una fuerte estructura gerencial, operativa y educacional, regenteada por la Escuela Nacional Penitenciaria, mediante la cual se recluta y se forma el personal que a todos los niveles trabaja en el Nuevo Modelo Penitenciario para beneficio de los internos», precisó.

CORRUPCIÓN

Domínguez Brito manifestó que durante su gestión se ha actuado de manera firme contra la corrupción y otros flagelos como el narcotráfico, la trata de seres humanos y la explotación sexual y comercial de menores de edad.

«Ha sido una tarea combinada con la lucha contra la criminalidad y la violencia en sentido general», indicó.

Explicó que en el primer aspecto, hay que destacar la labor desarrollada desde el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Fiscalía del Distrito Nacional, para que sean sancionados y no queden impunes actos dolosos cometidos contra el Estado, a través del llamado Plan Renove, el Usufructo de vehículos robados y recuperados por altos oficiales de la Policía Nacional y la asignación irregular de Invernaderos.

«Un caso relevante que puso de manifiesto el gran compromiso del actual gobierno con la lucha con el crimen organizado, es el relacionado con Quirino Ernesto Paulino Castillo, involucrado en un cargamento de 1,387 kilos de cocaína pura, expediente en el que hasta la fecha, hay involucradas cerca de 20 personas, la mayoría de las cuales, junto al principal acusado, ya han sido extraditadas hacia los Estados Unidos de América, que era el destino último de la droga», apuntó.

TRANSPARENCIA

Domínguez Brito sostuvo que la Procuraduría desarrolla sus acciones, incluyendo las de carácter administrativo que tienen que ver con gastos, inversiones, compras y contratación de servicio, de cara a la sociedad y a los interesados.

Dijo que de ahí que con frecuencia se llame a concursos y a licitaciones y haga de conocimiento público, no sólo sus actividades de investigación y persecución del delito, sino sus mismas acciones financieras y administrativas.

ADVERSIDADES

La gestión de Domínguez Brito no ha sido del todo sonrisas, afirmó, puesto que ha tenido que enfrentar la mayor tragedia registrada en un recinto carcelario del país, ocurrida en Higüey, donde más de 130 reclusos murieron calcinados en un incendio.

A la fecha todavía la sociedad espera resultados en cuanto a la lucha contra la corrupción y que se produzcan más sometimientos a la justicia.

Su trato con los periodistas asignados a la fuente judicial no ha sido el esperado, puesto que los comunicadores se quejan de las restricciones que le impiden obtener informaciones.

En tanto que en los últimos días se le atribuye haber participado en la defensa de las compañías Edenorte y Edesur, por cuyos servicios su bufete de abogados habría cobrado más de tres millones de pesos.

PUNTOS LUMINOSOS

Domínguez Brito, como jefe del ministerio público, ha dado todas las facilidades para que los dominicanos solicitados en extradición con relación al caso del ex capitán del Ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo y otros ligados al narcotráfico, sean apresados y entregados a las autoridades estadounidense que los solicitan para juzgarlos.

También hace grandes esfuerzos, dijo, para combatir el abuso infantil y la trata de seres humanos.

En su gestión han sido inauguradas varias fiscalías barriales, las cuales son de gran utilidad para la comunidad.