POR JUAN M. RAMIREZ
Un estudio auspiciado por Participación Ciudadana (PC) destaca los aportes del nuevo Código Procesal Penal en la lucha contra la corrupción pública,  ya que en apenas dos años se han producido importantes decisiones en, al menos, seis casos, contrario al viejo sistema que en 20 años solamente fue encerrado un funcionario público.

En un acto de puesta en circulación del estudio “El Nuevo Código Procesal Penal y sus implicaciones en el proceso de persecución judicial  de los casos de corrupción pública en la República Dominicana”, celebrado en el hotel Santo Domingo, PC señaló que durante el período agosto del 2004 a octubre del 2006, se han producidos los casos de prontas condenas y eficaces en algunos procesos de corrupción pública sometidos.

Entre los casos señalados por PC se destacan el del Plan Renove, que recientemente obtuvo decisión por ante la Corte del Departamento Santo Domingo, en rol de Corte de envío. También citó el caso del ex funcionario Jorman Vásquez, con sentencia condenatoria en primer grado y actualmente  pendiente de fallo en la jurisdicción de apelación, así como el caso Bancrédito, también con sentencia condenatoria en primer grado y actualmente pendiente de fallo en apelación.

Además, PC mencionó el caso de un ciudadano y ex funcionario de apellido Güichardo, así como el del ex procurador general, Víctor Céspedes, descargados recientemente por la Corte Penal del Departamento Judicial de San Cristóbal, y finalmente conforme comprobaciones. Señaló también el caso relativo a más de cien vehículos privados, robados y recuperados, en el que fueron acusados y  descargados 37 oficiales activos y retirados de la Policía Nacional, y que obtuvo sentencia en primer grado el pasado 10 de octubre.

PC atribuye la celeridad en los casos señalados a una serie de factores directamente ligados a la necesidad de cumplimiento de los plazos establecidos para garantizar la continuidad, apertura de audiencia y obtener sentencias, así como al nivel de proactividad definido en el nuevo Código.

“El inicio de un proceso de maduración relativo de los diferentes operadores del sistema de administración de justicia en cuanto a la necesidad de asumir e internalizar la reforma procesal penal, puede considerarse como otro elemento que ha fortalecido el cumplimiento  de los plazos y el respeto al debido proceso”, precisa.

Sin embargo, en el estudio PC observa la necesidad de la implementación y fortalecimiento de la nueva normativa que debe priorizar la dignificación, profesionalización y especialización de los jueces y su personal de apoyo.

Señala que un punto a tomar en cuenta es la necesidad de especialización de jueces en el tema en materia anti-corrupción, así como el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, la cual debe priorizar su despolitización progresiva, la capacitación para la realización de investigaciones técnicas efectivas, mejorando también sus condiciones laborales, ambientales, operativas y salariales.

PC recomienda el refuerzo de las bases para la independencia institucional del Ministerio Público, su capacidad operativa y técnica, que incluyan la seguridad de su estatus y la dignidad de su oficio en todos los órdenes.

Sugiere el fortalecimiento de la capacidad operativa del Departamento de Prevención Contra la Corrupción y sus unidades o agencias afines, así como trabajar por la independencia de los estamentos judiciales para garantizar que las decisiones obedezcan y estén  acordes de manera exclusiva con  su íntima convicción.

De igual modo, modernizar los sistemas de investigación criminal a nivel general y crear unidades especializadas de crimen de Estado y delitos de cuello blanco, por medio de la especialización de fiscales  que hagan carrera profesional en el Ministerio Público.

Propone, además, promover la persecución penal técnica, despolitizando los casos de corrupción pública y dando un tratamiento igualitario al margen de la procedencia política  de los inculpados, abolengo social o económico y ofrecer informaciones públicas precisas, confiables y desprovistas de intereses particulares o grupales, que permitan a la sociedad jugar su rol de monitoreo del sistema judicial.