A principios de noviembre de 1954 fue asaltada la sucursal del Royal Bank of Canada, en Santiago, donde murieron dos empleados de la institución. Previamente la banda asesinó a un cabo y a un raso de la Policía Nacional en Santo Domingo, para robarle las armas de reglamento.

El Gobierno consideró lo sucedido como un “grave desafío a su autoridad y un peligroso precedente”.

El grupo fue juzgado por un tribunal de Santiago y condenado a distintas penas de reclusión. Al día siguiente, 10 de los convictos fueron sacados de prisión y asesinados. Por la acción, el Juzgado de Instrucción Judicial ordenó apresar al comandante del Ejército en la plaza, coronel Ludovino Fernández.

Los autores del atraco fueron Eudes Maldonado Díaz y sus parientes cercanos Félix Orlando, Ramón Emilio, Horacio Nelson y Vinicio Maldonado Díaz; Evaristo Benzán Carmona, José A. López, Luis Emilio Sosa, Cristóbal Martínez Otero y Bienvenido Antonio Pichardo Seleme.

Por la repercusión del hecho el generalísimo Rafael L. Trujillo, en su condición de secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, emitió un comunicado que textualmente expresa:

“Inspirados en los sentimientos humanitarios del Excelentísimo Señor Presidente de la República, general Héctor B. Trujillo Molina, se declara que el Gobierno lamenta la forma en que murieron los presos civiles que habían sido juzgados y sentenciados por el Tribunal de Primera Instancia de Santiago, a pesar de que hicieron armas contra los miembros del Ejército que los custodiaban, según comunicado público del Procurador General de la República. Los coroneles Arturo Espaillat y Carlos A. Mota fueron encargados de esclarecer este hecho y aplicar las sanciones correspondientes”.

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Tratando de evadir responsabilidad en el insólito caso, Trujillo escribió una carta a los licenciados Virgilio Díaz Ordoñez, Arturo Despradel, Porfirio Herrera Báez, José E. García Aybar, Temístocles Messina, Porfirio Basora, Jesús Ma. Troncoso, Marino Cáceres, Pedro Troncoso Sánchez, Juan O. Velázquez, José Manuel Machado y Julio Peynado (sus salomones, como él los llamaba) donde les expresa:

“Como supongo que ustedes estarán enterados por la prensa de la muerte de diez de los atracadores de la sucursal del Royal Bank of Canada, en Santiago, quienes estaban convictos y confesos de distintos crímenes, desearía oír en la opinión de ustedes acerca de si esta muerte en masa constituye un genocidio o no, tal como lo describe el profesor Lemkin (jurista polaco-francés, 1900). Ruégoles emitir su opinión a este respecto”.

Y la respuesta de los prominentes profesionales del derecho fue así:

“A la luz de las previsiones del Artículo II de la convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, suscrita en País, el caso ocurrido recientemente en Santiago, cualesquiera que hayan sido las circunstancias en que tuvo lugar, no constituye un genocidio, por cuanto con este hecho, no se persiguió ni se tuvo la intención de perseguir la destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; esto en razón de su nacionalidad, o de ser un grupo étnico, o de su raza, o de su fe religiosa”.

Para dejar concluido y consumado el hecho, a fines del mismo año 1954 el secretario de la Presidencia, Porfirio Herrera Báez, remitió un memo de dos líneas al Procurador General de la República, Porfirio Basora, donde expresa que “por disposición superior, el caso del banco de Santiago y el coronel Ludovino no interesa a la Presidencia de la República”).