Destitución de un funcionario público

Destitución de un funcionario público

Luis Scheker Ortiz

La destitución es definida como “la máxima sanción disciplinaria recibida por un funcionario público para terminar la relación de un empleo previa demostración de culpabilidad del procedimiento aplicable. “

La actitud asumida por el ministro de Salud Pública, Dr. Plutarco Arias, de cancelar a un funcionario de su Ministerio a quien se le atribuye valerse de su cargo para “tramitar empleos a cambio de dinero”, enterado de la situación y verificación procedió de inmediato a su destitución. .

Enterada de esa decisión la Dra. Milagros Ortiz Bosch, que preside la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) declara que “en cumplimiento de lo establecido en el Art.6, numeral 22, del Decreto No. 468-12, asume de oficio la investigación del caso para tratar de establecer su veracidad y disponer de las medidas que correspondan de acuerdo con la Ley”, de manera que los implicados en el hecho delictivo sean traducidos a la acción de la justicia y sancionados en caso de comprobarse su culpabilidad. Agregó la Dra.

Ortiz Bosch que la DGEIG “tiene la obligación de investigar con imparcialidad y determinación toda posible transgresión que afecte el ejercicio ético del servicio público.”

Anteriormente, ya la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental ante la denuncia en el programa “El Informe con Alicia Ortega” relacionado con el volumen y costo de contrataciones amañadas para construir caminos y carreteras durante la gestión del ministro de Obras Publicas Gonzalo Castillo, procedió a una minuciosa investigación de los documentos y pruebas aportadas que termina con el sometimiento del expediente a la Procuraduría General de la República a los fines correspondientes.

Una vez ventilado uno y otro caso, de hallarse los imputados culpable de los hechos cometidos serian estos el mejor ejemplo del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader reiteradas veces de no permitir ni tolerar durante su gobierno actos de corrupción, anteponiendo siempre la idoneidad y trasparencia de su gestión política administrativa, caiga quien caiga.

Suele decirse que “escobita nueva barre bien”, pero la cancelación de un funcionario público por un hecho desdoroso no tiene precedente alguno que no fuera la destitución del señor Virgilio Gel, un entrañable amigo del profesor Juan Bosch y su sometimiento a la justicia tras una denuncia de soborno que volcara su íntima convicción:“Durante mi gobierno no habrá amigo, pariente ni ariente”, nada que pudiera poner en duda lo que bien llamado fuera “la dimensión ética de su pensamiento político.”

El Informe Global de la Corrupción (2007) de Transparencia Internacional, señala: “Los sistemas judiciales, envilecidos por el soborno menoscaban la confianza de la gobernabilidad al facilitar la corrupción en todos los sectores del gobierno, comenzando desde el alto mando.

Al hacerlo, envían un claro mensaje al pueblo: en este país se tolera la Corrupción.” Pero, en este país el pueblo votó por el cambio.

Votó contra la corrupción y la impunidad. Nada de borrón y cuenta nueva. Se ha dado un significativo paso de avance. Corresponde al poder judicial, ahora en muy buenas manos, ¡hacer justicia!

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