El presidente Danilo Medina destituyó anoche a siete de los principales funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) después de detectar irregularidades en el proceso de compra de 40 mil kits de alimentos tras la crisis generada por el coronavirus. La directora, Berlinesa Franco, presentó su renuncia al cargo.
La medida está en el decreto 146-20, que designa a Kenia Lora Abreu como nueva directora del Inaipi, en sustitución de Franco. Lora Abreu era directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), donde fue designada Greybby María Cuello Coste de Torres.

Se comprueban irregularidades. Los detalles fueron ofrecidos ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien precisó que tras la denuncia sobre las presuntas irregularidades en el proceso de contrataciones realizada por el Inaipi, el presidente Medina designó una comisión integrada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, y el propio Espinal. Dicha comisión revisó y examinó el proceso y recomendó al presidente Medina la remoción de los funcionarios vinculados con el proceso de compra.

Los destituidos son los directores de Operaciones y Compras, Ricardo Guzmán y Mayra Martínez, respectivamente, así como los integrantes del Comité de Licitaciones: Ramona Hernández y Alberto José Patxot, directores administrativo y de Planificación; Juan López, subdirector de Gestión Institucional; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico; y Cristina Pieter, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública.

Franco admite. Espinal indicó que Franco presentó su renuncia tras reconocer “que por la prisa del estado de emergencia del país fueron omitidos procedimientos mandatorios en nuestra legislación”.

Sostuvo, además, que se cometieron “violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”. Por ello, precisó que el Estado dominicano se ve imposibilitado de hacer efectivos los pagos a los proveedores, “puesto que las entregas se realizaron al margen de la ley”.