La sobreexplotación sobre lechos y riberas a que están sometidas al menos cinco corrientes fluviales de la provincia de Monte Cristi, incluyendo parte del río Yaque del Norte, el de mayor caudal del país y también el más amenazado, expone debilidades en la aplicación de normas de protección ambiental visibles en más de un lugar del territorio nacional. Agresiones a la prensa que denuncia la depredación en esos lugares se sumaron recientemente a la falta de restricciones que con ejercicios de autoridad deben oponerse a las extracciones desmedidas de materiales para construcción que presagian la extinción de recursos. Hacer de conocimiento público la destrucción de riquezas naturales, donde quiera que ocurra, subraya la urgencia que supone imponer estrictos límites a acciones humanas masivas sobre reservas boscosas y fuentes hídricas.

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La posibilidad de que, finalmente, las dunas de Baní queden a salvo de la toma vandálica de sus arenas, sigue sujeta al impacto -que debe ser sistemático- de los medios de comunicación que al menos ha movido a la comunidad banileja (no suficientemente a entes oficiales) a manifestar con más ahínco su pesar por la suerte que se ha dejado correr a una obra excepcional de la naturaleza que es patrimonio público. Sectores de la construcción deben concentrar las extracciones en zonas no primordiales al equilibrio del ecosistema. Están obligados a reorientar su forma fácil y muy lucrativa, pero socialmente dañina, de agenciarse ingredientes a costa de recursos vitales.